En la redacción final de la nueva Ley de Zonas Económicas Especiales aprobada en el Congreso de Puebla, los diputados locales eliminaron el apartado que permitía al estado y ayuntamientos ejecutar expropiaciones en regiones del estado que reciban esta denominación.
Esta legislación permitirá que las empresas que se instalen en las Zonas Económicas de Puebla reciban incentivos monetarios durante al menos 8 años.
El gobierno de Puebla envió una carta a la federación en la que se pide la declaratoria de Zona Económica Especial para los municipios de San José Chiapa, Nopalucan y Lara Grajales lo cual les permitirá acceder a recursos que les permitan desarrollar proyectos de infraestructura.
El siguiente paso era la aprobación de esta legislación para complementar el marco legal poblano con la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.
CENTRAL publicó que esta ley presentada por el gobernador, Antonio Gali Fayad se establecería que se pueden realizar expropiaciones bajo el pretexto de utilidad pública.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso Local, Pablo Rodríguez Regordosa detalló que al final se eliminó el artículo que permitía estas expropiaciones de parte de las autoridades locales.
Sin embargo, en la Ley Federal se establece que la Sedatu puede ejecutar estas acciones en caso de utilidad pública.
Los beneficios de las Zonas Económicas Especiales son “fiscales y laborales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, infraestructura de primer nivel, programas de apoyo (capital humano, financiamiento e innovación), así como estímulos y condiciones preferenciales”.
En 2016, el gobierno federal presentó este programa y para este año se etiquetaron mil 200 millones de pesos para las 3 Zonas Económicas Especiales declaradas actualmente: el Puerto de Lázaro Cárdenas (Michoacán), el Corredor del Istmo de Tehuantepec y el Puerto de Chiapas.