l Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tendrá que abrir el candado y entregar datos estadísticos del Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA), como la entrada y salida de imputados en sus primeros meses.
Gracias a un recurso de revisión de Intolerancia Diario, el Instituto de Acceso a la Información Pública (ITAIP) dobló al TSJ y ordenó la entrega de la información.
Y es que el Poder Judicial, a cargo de Roberto Flores Toledano, en primera instancia negó que tuviera información al respecto tras una solicitud de Intolerancia Diario.
Luego de ser interpuesto el recurso de revisión, sí “aparecieron” algunos datos que fueron entregados, pero incompletos.
De este modo, el pleno de comisionados del ITAIP, por unanimidad, ordenó entregar a este recurrente, bajo el recurso de revisión 191/HTSJE-04/2017.
Ahora tiene unos días para ofrecer los detalles de cuántas personas han sido liberadas totalmente, número de las que siguen bajo proceso en libertad y cuántas continúan sus procesos detenidas.
La cerrazón
Desde julio pasado, el TSJ y la Fiscalía General del Estado (FGE) se negaron a transparentar sus cifras, en cuanto a personas liberadas dentro del NSPA, al afirmar que no poseen estadísticas y que no les corresponde tenerlas.
A la FGE, se le solicitó el número de detenidos desde enero de 2017 hasta el 25 de junio del mismo año, consignados por las policías locales, desglosado por municipio y asegurados por cada corporación.
La dependencia estatal sólo informó que de enero a mayo de 2017 tuvo 1 mil 666 personas detenidas, sin dar mayor desglose del motivo de las capturas.
Echó la bolita al TSJ de ser “el encargado de generar, resguardar y transformar la información relativa al proceso penal; ya que el Ministerio Público funge únicamente como parte en el proceso que se desarrolla ante el Juez Penal” (sic).
Pero el TSJ, bajo el con folio 514/2017, señaló que su Unidad Administrativa no era la competente para emitir la respuesta a la solicitud de proporcionar el número de personas consignadas a jueces de control, desde enero de 2017 al 25 de junio de 2017.
Todo desglosado por municipio y cuántas de ellas fueron liberadas totalmente y cuántas quedaron libres bajo proceso, desglosado por Casa de Justicia.
“Corresponde al Ministerio Público y a las policías la investigación de los delitos y a aquél, el ejercicio de la acción penal o consignación ante los tribunales. Por lo que se sugiere realice su solicitud en la Fiscalía General del Estado”, señaló en su momento.
Abriendo candados
El comisionado ponente, Carlos Loeschmann Moreno, tras un análisis del caso, determinó ordenar la entrega de la información solicitada aprobada por unanimidad por sus compañeros en el ITAIP, Gabriela Sierra Palacios y Marcela Carcaño Ruiz.
Detalló el recurso de revisión referente al número de personas consignadas a jueces de control, de enero de 2017 al 25 de junio del mismo año.
Informó que en su respuesta inicial el Poder Judicial señaló que los datos no eran creados por éste, por lo que no era competente dar la respuesta, aduciendo que a los Ministerios Públicos y policías les correspondía investigar los delitos.
Por lo tanto, el 7 de agosto se interpuso el recurso de revisión, externando la negativa de la entrega de información
Tras dos alcances de respuesta del TSJ, 13 y 24 de octubre, sólo contienen datos estadísticos del periodo solicitado, concentrado y procesado, además de estadísticas por juzgado de oralidad penal.
“Específicamente lo relativo al número de personas consignadas a jueces de control o cuántas fueron liberadas totalmente y cuántas quedaron libres bajo proceso, por lo que se propone revocar parcialmente la respuesta el asunto a fin de que se cumpla a cabalidad”, sentenció el comisionado Loeschmann Moreno.
El pendiente
Ahora queda pendiente que la FGE entregue la información de las detenciones, consignaciones y liberaciones de imputados por delitos en el primer semestre de este año.
Y es que la dependencia estatal, a cargo del fiscal, Víctor Carrancá Bourget, dio como respuesta un cerro de documentos, por el que pretendió cobrar cerca de 60 mil pesos para entregar expedientes de la información.
De este modo, la Unidad de Transparencia (UT) respondió al recurso de revisión 184/FGE-08/2017, interpuesto por Intolerancia Diario, tras la falta de respuesta a la solicitud de información 00450817.
Especialistas señalan que no solamente se considera opacidad cuando el sujeto obligado se niega a entregar información, sino también cuando da datos de más, a fin de obstaculizar o que se pierda lo sustancial entre cientos de documentos.
Al ser 1 mil 666 expedientes iniciados de enero a mayo de 2017, los que contienen 29 mil 988 fojas entre todos, se tendrá que pagar dos pesos por cada copia.
De este modo, se tendría que pagar 59 mil 976 pesos, sólo para poder verlos: “El costo por la elaboración de las versiones públicas, por cada foja es de $2.00 (dos pesos 00/100 M.N.), conforme al artículo 92 fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2017”, señaló la Unidad de Transparencia de la FGE.
El dato
La dependencia estatal, a cargo del fiscal, Víctor Carrancá Bourget, dio como respuesta un cerro de documentos, por el que pretendió cobrar cerca de 60 mil pesos para entregar expedientes.