La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto para que el gobierno del estado rinda un informe sobre la operación y mantenimiento del Museo Internacional Barroco (MIB), esto con el objetivo de transparentar los recursos que se erogan mensualmente para el inmueble morenovallista.
CENTRAL publicó el pasado 11 de agosto que la Secretaría de Turismo y Cultura paga casi dos millones de pesos al mes por mantenimiento y limpieza del MIB. Adicionalmente eroga 600 mil pesos mensuales por luz y agua, más los 26 millones de pesos cada mes por la operación de la millonaria obra, ya que en 22 años se debe cubrir la cantidad de 7 mil 280 millones 933 mil pesos que costó edificarla a través de los PPS.
Ante Esta situación los senadores del PRI presentaron un punto de acuerdo la semana pasada para exhortar al gobierno estatal a transparentar los recursos gastados para el mantenimiento de ese museo, así como la forma en que funciona a fin de evitar corrupción.
La transparencia y rendición de cuentas son elementos centrales para el fortalecimiento de todo ejercicio democrático, y están íntimamente relacionados con el manejo responsable de las finanzas públicas y con principios fundamentales como: eficacia, racionalización del gasto, orden y responsabilidad, bajo los cuales se debe regir cualquier gobierno”, dice el documento.
En su exhorto, los senadores priistas argumentaron que
Desde su construcción ese museo ha estado involucrado en posibles irregularidades que van desde daños o perjuicios a la hacienda pública por posibles sobrecostos, pagos indebidos e injustificados; hasta el incumplimiento de su objetivo cultural al contar con un limitado patrimonio propio arquitectónico, pictórico y de escultura barroca”.
Incluso, mencionaron que para exhibir piezas y dotar al Museo Barroco de distintas exposiciones, el gobierno del estado saqueó otros museos poblanos, y piezas de colección privadas como en el Museo Bello, entre otros.
La Comisión dictaminadora concuerda con los senadores proponentes en el sentido de la necesidad de transparentar el uso de los recursos públicos y de que, en caso de existir irregularidades, es necesario que se deslinden las responsabilidades pertinentes”.