La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 58/2016, dirigida al gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, por la falta de atención médica a una mujer indígena que solicitó atención en el hospital de Pahuatlán del Valle. El nosocomio no contaba con ginecólogo, anestesiólogo ni pediatra.
La recomendación también va dirigirá al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, debido a que un día después la mujer, de 21 años de edad y de origen náhuatl, acudió al Hospital General de Hidalgo, donde perdió la vida de su hijo por complicaciones obstétricas.
La CNDH informó en un comunicado que “constató la responsabilidad de diversos médicos del Hospital General de Hidalgo, por la inadecuada vigilancia y dilación en la resolución obstétrica de practicar una operación cesárea a la víctima de 21 años de edad, que presentaba 31 semanas de embarazo, lo que desencadenó complicaciones en el estado clínico del producto en gestación y dio como resultado la pérdida de la vida del mismo luego de nacer”.
Debido a esto, los Hospitales Integral de Pahuatlán de Valle, Puebla, y General de Tulancingo, Hidalgo, dependientes de la Secretaría de Salud de cada estado, fueron responsables según el expediente CNDH/4/2015/8214/Q por la muerte del bebé.
Los hechos, detalla el expediente de la recomendación 58/2016, ocurrieron el 6 de septiembre de 2015, cuando la agraviada acudió al Hospital Integral de Pahuatlán, Puebla, porque su bebé estaba a punto de nacer. Ahí, un servidor público le comunicó que sería conducida al Hospital General de Huauchinango porque “no se contaba con ginecólogo, anestesiólogo ni pediatra”.
El traslado no se realizó por no existir las condiciones materiales ni de personal para llevarlo a cabo. Un día después, la víctima llegó por su cuenta al Hospital General en Hidalgo por ser la zona más cercana; fue internada y dio a luz una niña que presentó complicaciones que le produjeron inestabilidad cardiorrespiratoria y, posteriormente, la muerte.
La CNDH determinó que a la paciente se le colocó el dispositivo intrauterino (DIU) sin su consentimiento informado, lo que constituye un acto de violencia obstétrica además de una afectación a su derecho a la libertad y autonomía reproductiva.
Al gobierno de Puebla la CNDH recomendó que provea al Hospital Integral de Pahuatlán de Valle de especialistas en ginecología, obstetricia y pediatría, “para atender de manera eficaz y con oportunidad las urgencias obstétricas durante el turno nocturno, y contar con el servicio de ambulancia y de un operador de vehículos que esté disponible todo el año”.
En el caso de Hidalgo se las recomendaciones son: reparar el daño a las víctimas, lo que incluye compensación y rehabilitación, que se otorgue atención médica de seguimiento a la mujer y su esposo; además se pide impartir en el nosocomio de Tulancingo un taller de capacitación y formación en materia de derechos humanos de las mujeres, en materia de salud, así como de la observancia de las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con el tema.
Además de “realizar campañas de difusión dirigidas a la población en general sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y métodos de planificación familiar; emitir una circular dirigida al personal médico del Hospital General de Tulancingo, donde se le exhorte, en los casos que así proceda, a entregar copia de la certificación y recertificación que tramite ante los Consejos de Especialidades Médicas, para acreditar su actualización, experiencia y conocimientos”.
Finalmente, se pide que dé inicio el procedimiento administrativo contra los médicos del Hospital General de Tulancingo; en total, tres servidores públicos quienes tendrán también que responder ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.