Ante el crecimiento exponencial de las tomas ilegales de combustible, Puebla es señalado como la cuna de este problema, según reveló una encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
De acuerdo al estudio demoscópico realizado vía telefónica, la mayoría de los mexicanos consideraron que el problema del llamado huachicol se localiza en su mayoria en el centro del país.
A la pregunta “¿Podría mencionar uno o más Estados que usted conozca donde existe robo de combustible?”, el 40.4 por ciento respondió Puebla, el 24.6 por ciento Veracruz y 13.2 por ciento, Estado de México.
En la lista también se encuentran Jalisco con 8.7 por ciento; Hidalgo, 7.9 por ciento; Tamaulipas, 7.2 por ciento; Michoacán, 7.1 por ciento; Guanajuato, 6.9 por ciento; Tabasco, 5.7 por ciento y Guerrero con 4 por ciento.
En torno al crecimiento del robo de combustible que de acuerdo a datos de PEMEX entre 2006 y 2014 creció mil 800 por ciento, el 27 por ciento relacionó esta actividad ilícita con el aumento del precio del combustible por parte del gobierno federal.
16.2% cree que es la corrupción/complicidad/colusión (es la causa), 10.2% manifiesta que es a causa del desempleo, 87% lo adjudica a la incompetencia de las autoridades, 7% afirma que es por la falta de vigilancia de los ductos”, se expone en el estudio presentado por la Cámara de Diputados.
El 57.8 por ciento de la muestra considera que los dueños de las gasolineras están involucrados con los grupos que realizan robo de combustible.
Otro dato a destacar es que el 74.7 por ciento afirma que los huachicoleros están protegidos por los pobladores en las comunidades.
Sobre qué tanto está coludido el Sindicato de Pemex con los huachicoleros, 56.2 por ciento respondió que tiene respetabilidad en este delito.
Por último, el 16.2 por ciento de los mexicanos pidió 10 años de cárcel a quien se dedique a esta actividad y 15.2 por ciento solicitó una pena de hasta 20 años de prisión.
Se le comentó a los encuestados que el pasado 28 de abril la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en donde aumentan las sanciones, que van desde 4 a 25 años de prisión, para todos los involucrados en el robo de combustible, 66.7% desconoce esta información”.