Los presidentes municipales de Acajete, Acatzingo, Tepeaca, Quecholac, Esperanza, Ciudad Serdán, Huixcolotla, Felipe Ángeles y Palmar de Bravo están en la mira de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal por tolerar y hasta proteger a las bandas del crimen organizado dedicadas al robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los alcaldes son investigados por permitir el paso de huachicoleros en sus municipios, almacenar o utilizar gasolina robada para autos oficiales, cobrar derecho de piso y ordenar a sus policías no atender reportes por robo de hidrocarburo con el pretexto de que es “peligroso”.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso PÁGINA NEGRA, los alcaldes cuyo comportamiento es indagado son: el de Acajete, Antonio Aguilar Reyes (PRD); Carlos Alejandro Valdés Tenorio (PRI), de Acatzingo; David Huerta Ruiz (PRI), de Tepeaca; Néstor Camarillo Medina (PRI), de Quecholac; Eduardo Barojas Huerta (MC) de Esperanza; Juan Navarro Rodríguez (PRI), de Ciudad Serdán; Filomeno Cruz Gutiérrez (PRD), de Huixcolotla; Leonardo Gómez Octaviano (PVEM), de Felipe Ángeles y de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde (PSI).
Las sospechas contra los ediles versan en que algunos de ellos han ordenado a los policías municipales e incluso a sus funcionarios de Protección Civil, “no meterse en problemas” e ignorar los reportes de robo de hidrocarburo en sus zonas.
La investigación se mantiene oculta con la finalidad de evitar alertar a los munícipes, por lo que al respecto Jesús Morales Rodríguez, secretario de Seguridad Pública Estatal, negó en entrevista que hasta el momento se tenga detectado a otro funcionario municipal con una relación directa de colaboración con los grupos de delincuencia organizada.
Por su parte, Víctor Carrancá Bourget, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), admitió que existen una serie de grupos delictivos y armados en la zona limítrofe de Puebla con Veracruz, pero se negó a detallar cuántos y con qué autoridades se les liga debido al sigilo que siguen las investigaciones.
La noche del jueves 9 de marzo fue detenido el alcalde de Atzitzintla, José Isaías Velázquez, junto con 86 personas más en el operativo Encrucijada, acusado por ordenar que cinco de sus policías municipales entregaran a los agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) que después fueron ejecutados en Esperanza.
El sábado 11 de marzo el edil y los cinco policías fueron ingresados al penal de Tepexi de Rodríguez acusados por detener a los agentes Oscar Tecuapacho, Luis Falcón y Manuel Santos, quienes fueron entregados a “Los Bukanas”, una banda ligada a Los Zetas.
Pero él no es el único que podría estar coludido con el crimen organizado, los alcaldes que están en la mira de las autoridades poblanas son:
Policías municipales de Acajete han sido acusados incluso de cobrar cuotas a los huachicoleros por órdenes del alcalde para poder cruzar libremente por el municipio.
El presidente municipal de Acajete se mantiene maniatado por más de doce bandas dedicadas al robo de hidrocarburo que mantienen control y operan en juntas auxiliares como Santa María Nenetzintla y La Magdalena Tetela.
Ligado al grupo del diputado federal del PRI, Alejandro Armenta Mier, el alcalde Carlos Alejandro Valdés protege a líderes de bandas dedicadas al robo de hidrocarburo. La Policía Municipal de Acatzingo tiene órdenes precisas de no interferir a pesar de que ocurran denuncias ciudadanas.
Vecinos de Acatzingo tienen identificada a la Sección Novena, una colonia del municipio como la zona con mayor actividad de huachicoleros en donde incluso los policías municipales permiten el libre paso del hidrocarburo robado.
Después de una serie de denuncias ciudadanas realizadas por vecinos de Tepeaca para que intervenga Protección Civil en el control de fugas y el cierre de tomas clandestinas, el priista David Huerta ha ordenado a sus subordinados no acudir a los llamados.
Del mismo modo ocurre con a la Policía Municipal, a quien tiene prohibido el acudir a las comunidades donde, según fuentes de PÁGINA NEGRA junto con Palmar de Bravo, Tepeaca es el municipio con mayor número de tomas clandestinas según los reportes de Petróleos Mexicanos.
Entre los ejecutados encontrados en una casa de San Isidro Monterrosas el 9 de febrero, en el municipio de Palmar de Bravo se encontró al regidor de Industria y Comercial del Municipio de Quecholac, Jorge Hernández Jiménez.
El regidor era muy cercano a Néstor Camarillo, quien evitó dar declaraciones de cuál era la relación del funcionario municipal con bandas dedicadas al robo de hidrocarburo. El edil de Quecholac se ha excusado del control que existe de parte de los huachicoleros en la zona debido a que no cuenta con policías suficientes o los agentes renuncian.
VER: Regidor de Quecholac, uno de los ejecutados en Palmar de Bravo
“Los Bukanas”, la banda relacionada con la muerte de los agentes de la FISDAI mantenía libre paso por el municipio de Esperanza y sus comunidades que se comunican con los municipios de Veracruz.
En Ciudad Serdán se tienen reporte de que bandas dedicadas al robo de hidrocarburo mantienen casas de seguridad para esconder ahí a secuestrados o para concentrar armas y vehículos. “Los Bukanas”, la banda acusada por la muerte de tres agentes de la FISDAI realizó al menos cuatro secuestros en Ciudad Serdán y ahí mismo colocó su casa de seguridad sin que las autoridades municipales lo advirtieran.
Bajo amenazas de grupos dedicados al huachicol, Filomeno Cruz ha permitido el libre acceso de hidrocarburo robado en la Central de Abasto de Huixcolotla.
El 8 de marzo del 2017 una ambulancia del municipio de Huixcolotla fue asegurada con 720 litros de combustible robado en el Arco de Seguridad de Huejotzingo. Sin embargo el alcalde intentó aclarar que habían asignado el vehículo a un ciclista aunque nunca informaron porqué trasportaba combustible.
VER: Detienen ambulancia de Huixcolotla con 720 litros de combustible robado
Denuncias ciudadanas enviadas a PÁGINA NEGRA informan que el alcalde de Felipe Ángeles es simpatizante de bandas dedicadas al robo de hidrocarburo y además es asiduo comprador de combustible robado.
Fuentes dentro del municipio indicaron que incluso en la presidencia municipal ha servido para almacenar gasolina robada que es utilizada para los vehículos oficiales y aquellos que son propiedad del alcalde.
El alcalde Pablo Morales Ugalde ha tolerado el crecimiento del número de pobladores dedicados al robo de hidrocarburo en su municipio. La noche del 8 de febrero en la comunidad de San Isidro Monterrosas se realizó una movilización de huachicoleros sin que la autoridad municipal reportara los hechos. Un día después fue confirmada la ejecución de cuatro personas entre ellos el regidor de Quecholac, Jorge Hernández Jiménez.
Además, en la comunidad de La Encrucijada, perteneciente a Palmar de Bravo, la banda “Los Bukanas” tenía su principal centro de operación.