Un análisis basado en declaraciones de 24 testigos documenta que Los Zetas incluyeron en su nómina a funcionarios públicos, policías y agentes de la Procuraduría General de la República, así como militares y a los gobernadores de Coahuila y Veracruz.
El análisis desarrollado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, titulado “Control...sobre todo el estado de Coahuila” fue presentado por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”.
Algunas de las acusaciones incluyen, un soborno de 12 millones de dólares por parte de Los Zetas a Francisco Colorado Cessa para que apoyase la candidatura de Fidel Herrera a la gubernatura de Veracruz mediante una empresa fachada para el lavado de dinero.
Las dos conclusiones principales que surgen son que el cártel cometió numerosos abusos a los derechos humanos con impunidad; la segunda es que las instituciones y funcionarios púbicos de Coahuila tuvieron un papel, por acción u omisión, en la comisión de estos abusos", recalca la clínica.
En 2010, un acusado de lavado de dinero afirmó que acompañó a Piedras Negras a un jefe de plaza para que entregara 4 millones de dólares en efectivo por el control completo de la entidad, el cual recibió el secretario personal del otrora gobernador Humberto Moreira.
Los sobornos permitieron a las compañías avaladas por el grupo delictivo, a que recibieran contratos públicos y permisos de construcción, mientras los políticos recibieron respaldo para sus campañas políticas.
La empresa ADT Petroservicios fue beneficiaria de contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de contratos para vender carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los testimonios se obtuvieron de tres juicios donde se demuestra que el gobierno de Estados Unidos posee información relevante sobre el abuso a derechos humanos perpetrado por Los Zetas, información “que podría ayudar a esclarecer algunos asesinatos o desapariciones cometidos en México.”