El pasado 5 de septiembre se logró en Puebla la sentencia más alta en el Nuevo Sistema de Justicia Penal al condenar a 80 años de prisión a dos secuestradores que privaron de la libertad a dos hermanas en el municipio de Xicotepec de Juárez y mataron a una de ellas.
Los hechos ocurrieron el 17 de octubre de 2015, cuando las mujeres de 58 y 68 años de edad circulaban a bordo de una camioneta en inmediaciones de San Agustín, Atlihuacán -en el municipio antes mencionado- y fueron amagadas por dos hombres, identificados como Alexander N y Zeferino N, quienes las privaron de su libertad y las trasladaron a una casa de seguridad.
Al llegar a ese lugar, los secuestradores decidieron liberar a una de las mujeres para que consiguiera 3 millones de pesos como rescate de su hermana y la abandonaron en el camino que conduce a Tlapehuala, a la altura de la autopista México-Tuxpan.
Horas más tarde, los hombres hicieron llamadas telefónicas a los familiares de las víctimas para pedirles los 3 millones de pesos. Incluso, les señalaron que la camioneta en la que viajaban había sido abandonada en el municipio de Villa Ávila Camacho para que fueran por ella y la vendieran.
Dos días después se presentó la denuncia ante la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) y tras realizar las investigaciones correspondientes se logró ubicar la casa de seguridad en camino a Tlalcoyuga, en Huauchinango, Puebla, así como, la identidad de algunos de los captores.
Fue así como el 22 de octubre del mismo año se llevó un operativo en el lugar logrando el aseguramiento de Alexander “N” y Zeferino Mario “N”, así como, una camioneta Nissan, tipo Frontier y diversos equipos de telefonía celular pero al momento en que Agentes Investigadores de la FISDAI realizaron la inspección en inmediaciones del inmueble, se localizó el cuerpo de la víctima en un terreno de difícil acceso, el cual había sido privado de la vida el mismo día en que liberaron a su hermana.
Por lo anterior, los asegurados fueron puestos a disposición ante el Juez de Control, bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que Fiscales adscritos a la FISDAI, acreditaron la legalidad de la detención, así como de la existencia de elementos de prueba suficientes para su vinculación a proceso por el delito de secuestro agravado.
En el trabajo de investigación se consiguieron diferentes datos de prueba mismos que fueron introducidos en el juicio oral, entre los que resaltan 16 testimoniales que demuestran la participación de los imputados en los hechos, además se obtuvieron cuatro fragmentos dactilares en el vehículo utilizado para privar de la libertad a las víctimas, similares a los encontrados en la casa de seguridad perteneciente a los mismos.
Fue así como el 5 de septiembre del año en curso, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó que ambos imputados son culpables del delito de secuestro agravado en su modalidad de privación de la vida a la víctima durante el cautiverio, imponiendo como una medida ejemplar una sentencia condenatoria de 80 años de pena privativa de la libertad, una multa de 12 mil días de salario mínimo y 84 mil 120 pesos como pago de la reparación del daño.