México encamina sus políticas públicas a fin de impulsar las inversiones en el sector energético y minero a costa del aumento de los impactos sociales y ambientales tanto en los territorios como en los habitantes, señalaron investigadores del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Cartocrítica, Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), Corason y consultores independientes.
Durante la presentación del “Anuario de Industrias Extractivas: Situación actual 2016”, Beatriz Olivera, de Fundar reveló que el marco regulatorio en torno a la minería en el país es laxo y subrayó que con la apertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “proliferaron” los proyectos extractivos, en especial los canadienses, ya que el 60 por ciento de las concesiones mineras que existen a lo largo y ancho de la República Mexicana pertenecen precisamente a Canadá.
La investigadora indicó que la Ley Minera ha sido modificada a modo de favorecer a las empresas, pues de los 25 años que permitía de concesión anteriormente, pasó a 50 con opción a prórroga hasta por otros 50, es decir, las mineras pueden llegar a explotar un territorio hasta por todo un siglo.
Por si fuera poco, Olivera manifestó que el Artículo 20 de la misma Ley permite las explotaciones energética y minera en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) con que cuenta el territorio nacional. Para el año 2015 existían ya más de mil 600 concesiones en dichas zonas.
Aunque reconoció que México cuenta con un marco legal que obliga a las empresas a hacerse responsables de los daños que provocan sus actividades, destacó que se trata sólo de sanciones “irrisorias”.
Como ejemplo recordó el caso del Río Bacanuchi en Sonora, donde ocurrió un derrame de ácido sulfúrico y metales pesados provenientes de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, donde los responsables pagaron una multa equivalente al 5 por ciento de sus utilidades netas por un trimestre.
APORTES MÍNIMOS A LA ECONOMÍA
Aroa de la Fuente, de Fundar, señaló que el sector minero hace una “escasa” contribución a las finanzas públicas con apenas el 0.32 por ciento de los ingresos totales del Gobierno federal y 0.24 por ciento de los del sector público presupuestario.
En contraste, la investigadora comentó que la extracción de petróleo representa una “importante” contribución a los ingresos públicos, por ejemplo, el año pasado representó el 16 por ciento de ellos, no obstante, remarcó: “este no puede seguir siendo el argumento utilizado para impulsar esta actividad por encima de las personas y las comunidades”.
El anuario también señala cómo las actividades extractivas contribuyen a las emisiones de efecto invernadero que causan el calentamiento global, por lo que las investigadoras destacaron que el reto para el país debe centrarse en cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París y en las contribuciones fijadas a nivel nacional, mismas que no podrán cumplirse si se continúa basando el desarrollo en dichas actividades extractivas.
El documento cita al Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el cual señala que “las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) han aumentado 40 por ciento desde la era preindustrial, en gran medida debido a las emisiones antropogénicas derivadas de la quema de combustibles fósiles y a las emisiones netas derivadas del cambio de uso de suelo”.