La Fiscalía General de Justicia de Veracruz enviará a San Lázaro una solicitud de desafuero en contra del diputado federal del PRI, Alberto Silva, para poder proceder en su contra por irregularidades durante su gestión como coordinador de Comunicación Social en la administración de Javier Duarte.
Autoridades ministeriales confirmaron a Animal Político que tanto Silva como Gina Domínguez, también exvocera de Duarte, figuran como probables responsables en un mecanismo que permitió el desvío de más de 4 mil millones de pesos de doce dependencias distintas.
Domínguez fue detenida con una orden de aprehensión girada por un juez local, sin embargo en el caso de Silva la fiscalía no puede solicitarla debido al fuero con el que cuenta como legislador federal.
Una vez que la solicitud del juicio de procedencia (como se le denomina al procedimiento de desafuero) quede oficializada ante el Congreso, será turnado a una comisión instructora para su análisis. Dicha comisión analizará los elementos que presente la Fiscalía para determinar si es procedente o no el desafuero.
Esta será la segunda vez en el año que la Fiscalía de Veracruz solicita el desafuero de un legislador federal que antes fue exfuncionario del gobierno de Javier Duarte.
Previamente lo hizo con Antonio Tarek Abdalá, también por un presunto caso de desvío de recursos públicos cuando era secretario de Finanzas del Estado. La comisión instructora se negó a retirarle el fuero bajo el argumento de que el legislador tenía una demanda de amparo, sin siquiera elaborar un dictamen.
Animal Político publicó el pasado 27 de abril que la Fiscalía del Estado procedería contra Domínguez y contra Alberto Silva, quienes suman tres carpetas de investigación abiertas por diversas irregularidades en la administración de Javier Duarte.
El megafraude
La Fiscalía de Veracruz sostiene que desde la coordinación de Comunicación Social del estado, encabezada primero por Gina Domínguez y luego por Alberto Silva, se puso en marcha un mecanismo que permitió el desvío de cuatro mil millones de pesos por lo menos, provenientes de doce dependencias distintas.
El mecanismo era el siguiente: Comunicación Social solicitaba a la Secretaría de Finanzas recursos pertenecientes a varias dependencias para el pago de supuestas campañas en medios de comunicación. Esto sin que hubiera ningún tipo de dictamen que acreditara que había el presupuesto suficiente.
El dinero iba a parar a compañías escogidas directamente por Comunicación Social, sin ningún tipo de proceso de adquisición transparente, y sin rendir cuentas ni al órgano de Fiscalización del Estado, ni a la Contraloría, el Congreso o el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, lo que violaba múltiples disposiciones legales.
La evidencia con la que cuentan las autoridades, entre ellas cientos de facturas, arroja que mediante este mecanismo se desviaron recursos de las secretarías de Seguridad Pública, Turismo, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Portuario, Educación, Salud, Protección Civil, Gobierno, Medio Ambiente, Desarrollo Agropecuario, Comunicaciones y la ex Procuraduría de Justicia del Estado.
Los recursos fueron a parar a compañías fantasma o a empresas con alguna posible relación con los funcionarios. Animal Político publicó en abril pasado por ejemplo, que hubo recursos que llegaron a compañías y medios vinculados directamente con Gina Domínguez.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló ayer que incluso los dos exvoceros de Javier Duarte llegaron al punto de usar la misma compañía, de nombre Cordocons SA de CV, para el presunto desvío de recursos. En el periodo de Gina Domínguez se destinaron a esa empresa 17 millones, y con Alberto Silva otros siete millones.
Los pagos a Cordocons SA de Cv fueron para la supuesta difusión de actividades del gobierno (como en todos los casos) y el dinero vino de diez dependencias distintas, pero esta compañía en realidad se dedica a la construcción, carece de empleados y uno de sus accionistas es familiar indirecto de la propia Domínguez.
La misma red fantasma
En diciembre pasado Animal Político documentó cómo más de 500 millones de pesos salieron de múltiples dependencias del gobierno de Veracruz sin ningún contrato ni licitación, a un grupo de empresas fantasma por supuestos pagos de difusión de actividades del gobierno.
La mayoría de esas compañías pertenecían a la red de empresas fantasma reveladas hace un año por este medio, la cual permitió desaparecer casi 650 millones de pesos.
Hoy nuevos documentos en poder de este medio permiten demostrar que en la gestión de Gina Domínguez (de 2010 a 2014) esta misma red de compañías fachada recibieron casi 930 millones de pesos. Estas empresas ya están corroboradas por el servicio de Administración Tributaria como inexistentes.
La administración de Duarte y sus equipos de comunicación pagaron al menos 8 mil 727 millones de pesos en la imagen del exgobernador veracruzano, de los cuales casi mil millones, fueron autorizados y pagados o refacturados bajo las órdenes de Gina Domínguez.
Las firmas utilizadas por la exvocera de Duarte son: Centro de Recursos de Negocios S.A de C.V, Abastecedora Romcru S.A de C.V, Anzara S.A de C.V., Cynamed S.A de C.V., Grupo Balcano S.A de C.V., Desarrolladores Mercalim S.A de C.V. y Pefraco S.A de C.V.
El listado incluye además a Ravsan Servicios Múltiple S.A de C.V., Rinoxa S.A de C.V., Carrirey S.A de C.V., Marvercar S.A. de C.V y Diseños Tevet S de R.L. de C.V.
Reportes de la Secretaría de Finanzas de Veracruz del 2010 al 2016 confirman que la mayor parte de estas operaciones fueron realizadas de forma preferente entre los bancos Bancomer, Banorte y Banamex.
Los pagos realizados aparecían como adelanto urgentes a proveedores, sin contrato o sin licitación.
Estamos ante algo desconocido en este país por la magnitud y lo complejo del esquema utilizado. Sólo se falsificaban documentos y se procedía a hacer los pagos sin ningún respaldo en todas las secretarías”, expuso una fuente con pleno conocimiento de caso, que por razones de seguridad solicitó el anonimato.
Bancos y compañías multiusos
Este medio tuvo acceso a documentos que muestran pagos millonarios desde cuentas de Bancomer al menos a doce empresas fantasma de diciembre de 2010 a diciembre de 2013. También hubo transferencias aunque en menor medida a cuentas en Banorte y Banamex.
Por supuesto que los funcionarios de los bancos en Veracruz sabían lo que estaba sucediendo. El siguiente paso debe ser preguntarle a los bancos mexicanos o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre esos funcionarios, expuso.
La empresa Centro de Recursos de Negocios Cerene S.A. de C.V. registró entre el 13 de enero de del 2012 al 31 de octubre de ese mismo pagos por 112 millones 726 mil 418. 56 pesos con conceptos como “Anticipo a Presupuesto 2012”.
Este concepto se repitió al menos trece ocasiones entre el 23 de marzo de ese año y el 29 de junio de ese año.
En 2014 Cerene no varió mucho su forma de trabajar, pero añadió que en la Sefiplan de Veracruz documentaron estos procesos como “Pago de Facturas a Medios de Comunicación”.
Por qué tendría que contratarse a una agencia para pagarle a los medios de comunicación de esta forma”, cuestionó la fuente, “el Gobierno tiene la capacidad de firmar contratos para ser cliente directo, sin necesidad de intermediarios.
En el año 2013, Gina Domínguez autorizó que Sefiplan liquidara pagos con la empresa Publicidad Akkira S.A. de C.V. por otros 120 millones de pesos, bajo el mismo esquema de “Anticipo a Presupuesto” entre el 14 de mayo y el 6 de agosto.
Otra compañía fantasma involucrada en estos supuestos pagos de difusión es Diseños Tevet S.A. de C.V., que además recibió en 2015 dos contratos de la Secretaría de Educación por algo totalmente distinto: la compra de materiales escolares. La sede de dicha empresa se encuentra en la Ciudad de México.
Esas empresas fueron ocupadas para todo. Se les fue de control porque el esquema era para un tema específico, pero una vez que le encontraron el caminito también se dedicaron a vender grava y arena y cemento”, señaló la fuente.