Eduardo Bours, exgobernador de Sonora, y Abel Murrieta, exfiscal de ese estado, serán incluidos como indiciados e imputados dentro de la averiguación previa por el incendio de la Guardería ABC, ocurrido en 2009.
Un juez ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) incluir a los dos exfuncionarios de Sonora en la investigación, por su probable responsabilidad penal en los delitos cometidos contra la procuración de justicia, al alterar y perturbar de manera ilícita el lugar de los hechos y por obstaculizar la investigación.
Esta información fue dada a conocer este miércoles 11 de enero por padres de algunos de los niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC, quienes dijeron que “desde ese entonces y a la fecha nos hemos dado a la tarea de investigar, de buscar, de conocer y establecer qué fue lo que realmente ocurrió”.
Según lo explicado por los padres, el dictamen del juez federal, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se dio el 23 de diciembre pasado.
La tragedia en la Guardería ABC
El 5 de junio de 2009, un incendio en la Guardería ABC dejó un saldo de 49 niños muertos y otros más heridos.
Desde entonces, padres de las víctimas iniciaron una investigación independiente, lo que arrojó la teoría de que el incendio pudo ser provocado para destruir documentos relacionados con una deuda estatal de 10 millones de pesos.
Los documentos que los padres mencionan, supuestamente, se encontraban en la bodega contigua a la Guardería ABC.
Asimismo, acusaron, “hubo negligencia en la guardería, no se tomaron las precauciones necesarias para evitar el fuego”.
En mayo pasado se dictó la primera sentencia por el caso: condenas de entre 20 y 29 años de cárcel para 19 implicados.
Los sentenciados ocupaban cargos administrativos menores en el IMSS, en la Guardería ABC, el Ayuntamiento de Hermosillo, de Control Vehicular y de la Agencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora.
A todos ellos, según la sentencia, se les considera penalmente responsables en la comisión de los delitos de homicidio por culpa, cometido en agravio de cuarenta y nueve menores, y de lesiones por culpa, en agravio de 38 menores y cinco mayores de edad.
Los partes insistieron en que la cadena de responsabilidad debería incluir también a altos funcionarios.
“Es muy importante que, a más de siete años y siete meses de haber sucedido esta desgracia, que constituye la mayor tragedia infantil que ha ocurrido en nuestro país, un Juez Federal de Control ordene a la PGR incluir dentro de sus investigaciones como probables responsables a estos ex funcionarios”, concluyeron los padres.