El gobierno federal reconoció que enfrenta “desafíos" en "materia de derechos humanos”, por lo que asegura que trabaja para abordar la problemática que se planteó en el capítulo sobre México del informe anual de la organización no gubernamental Amnistía Internacional 2016/17.
Al dar un posicionamiento sobre la información dada a conocer en el documento “La situación de los derechos humanos en el mundo”, el gobierno explicó que se atienden las ejecuciones extrajudiciales, el caso Ayotzianapa, la tortura, desapariciones, la violencia contra niñas y mujeres, derechos de los pueblos indígenas y periodistas, así como en el sistema de intercambio de derechos humanos.
El Gobierno de la República toma debida nota de las recomendaciones emitidas por AI en su informe, al tiempo que reconoce el valioso papel de las organizaciones de la sociedad civil en la materia. Asimismo, el Gobierno de México reafirma una vez más su compromiso ineludible con los derechos humanos y reitera que continuará trabajando en atender las asignaturas pendientes”, menciona la postura.
En el caso de la tortura, el gobierno dijo que se ha trabajado en protocolos de actuación y fortalecimiento institucional, así como en la consideración en el Congreso de la Unión para el proyecto de Ley General en la materia.
Sobre violencia contra las mujeres y niñas, “coincide con lo señalado por AI en su informe, en el sentido de que la falta de datos precisos, actualizados y desglosados sobre violencia de género constituye un importante obstáculo para abordar el problema”.
En el caso Ayotzinapa, dijo que se “llevarán a cabo seis visitas más, en adición al seguimiento que dará la Comisión en sus períodos de sesiones. Ello fortalecerá la colaboración entre las autoridades encargadas del caso y el mecanismo, y permitirá compartir información con la Comisión sobre la investigación, los esfuerzos de búsqueda y atención integral a las víctimas, en un ambiente de apertura y cooperación total”.
Sobre el apoyo al sistema de intercambio de Derechos Humanos, reiteró su ayuda a la crisis financiera tanto de la Comisión (CIDH) como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sufrida en 2016.