Este miércoles se declara oficialmente la segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Veracruz. La primera, por violencia feminicida, se decretó en 11 municipios, el 23 de noviembre de 2016. Ahora, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), a través de la Secretaría de Gobernación, declara esta segunda alerta por agravio comparado (AVGAC); es decir, por existir en la entidad un marco normativo o una política pública que violenta los derechos de las mujeres, en específico los sexuales, reproductivos y de salud.
Equifonía, Colectivo por la ciudadanía, autonomía y libertad de las Mujeres, la organización civil firmante de la solicitud de esta alerta, argumentó, al pedirla, que en el estado, las mujeres se enfrentan con regulaciones restrictivas, así como con diversos obstáculos para el acceso a servicios para un aborto seguro cuando han sido víctimas de una violación sexual o cuando su salud está en riesgo.
A pesar de la existencia de causales de no punibilidad (aquella conducta a la que se tiene la posibilidad de aplicar una sanción o pena jurídica) contempladas en el marco normativo de Veracruz, todavía hay falta de conocimiento y capacitación, aunados a prejuicios sexistas y temores en el sector salud y en los operadores de justicia, lo que impide a las mujeres acceder a la interrupción legal del embarazo y las criminaliza.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), señala que en ese estado se tienen registrados 500 casos de menores de edad violentadas sexualmente y, sin embargo, “la autoridad se niega a autorizar los abortos, argumentando que el marco legal les genera incertidumbre, y que ellos no practican abortos voluntarios, cuando todos son voluntarios”.
No cumplieron
Una vez solicitada la alerta de género en el estado, se estableció un grupo de trabajo para generar un informe sobre la situación en la entidad y emitir recomendaciones. El gobierno de Veracruz tenía seis meses para cumplirlas, de lo contrario, se declararía la AVGAC.
De acuerdo con el informe de este grupo, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que del 1° de enero de 2015 al 30 de abril de 2016 se iniciaron 15 investigaciones ministeriales y siete carpetas de investigación por el delito de aborto. Además, el grupo documentó al menos nueve casos de mujeres encarceladas por homicidio, todas ellas vivían en condiciones de pobreza al momento de ser denunciadas. La mayoría son indígenas.
Por lo tanto, una de las recomendaciones clave fue que el titular del ejecutivo presentara al Congreso la iniciativa de reforma a los artículos 149, 150 y 154 del código penal. “Esta medida tan importante no se cumplió”, afirma Araceli González Saavedra, directora de Equifonía.
El texto vigente del artículo 149 señala que comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de las etapas. La propuesta de reforma solicitada era estipular que el aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación.
El artículo 150 asienta que a la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto, se le sancionará con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud. La reforma solicitada iba en el sentido de cambiarlo por: la aplicación de medidas específicas e integrales con respeto a los derechos humanos.
Además, el grupo de trabajo estimó pertinente solicitar la revisión del primer enunciado del Artículo 154, que a la letra dice: “el aborto no es punible cuando”. En opinión de las expertas, la concepción de no punibilidad implica una criminalización, aun cuando no medie una sanción o una pena después de un proceso penal.
González Saavedra señala también, que en el estado de Veracruz las mujeres continúan enfrentando una regulación restrictiva para el aborto, en la que destaca la ausencia de la causal de riesgo para la salud. “Es importante la ampliación de las causales para el aborto legal, sobre todo la de salud, que no está considerada en la legislación de Veracruz, solo se considera cuando está en riesgo la vida de la mujer”, explica.
La coordinadora del OCNF afirma que el gobierno de esta entidad ha mostrado cerrazón ante la salud reproductiva de las mujeres. “Tenemos todos los recursos jurídicos y legales y vamos a pedir que el gobierno de (Miguel Ángel) Yunes diga cómo van a cumplir, porque no les importa que se decrete la alerta. Algunos diputados declararon eso, que no les importa que les decreten mil, que ellos defienden la vida desde la concepción. Lo de atender las recomendaciones fue una simulación, pero nosotros vamos a pedir que se establezca una ruta de acción y pruebas de avance”.