Entre los factores que proveen la impunidad a los criminales, específicamente a los narcotraficantes en México, sin duda el principal es la corrupción. Elementos de la Policía Federal deshonestos lo mismo que Estatales o Municipales, en ocasiones y por regiones, cada corporación protegiendo a un cártel distinto.
Otro factor para la impunidad, es la falta de capacitación y profesionalismo del Ministerio Público Federal. Siendo la asociación delictuosa y los delitos contra la salud de ese fuero, es la falta de preparación de los agentes del Ministerio Público, y la ausencia de una infraestructura científica que permita a los elementos realizar investigaciones, lo que impide que los jueces generen órdenes de aprehensión para buscar detener a los criminales organizados.
La ausencia de un compromiso real por parte de la cabeza del Gobierno Federal y de quien titule la Procuraduría General de la República, es otro factor para la impunidad. Ni el Presidente Enrique Peña Nieto, ni el ahora encargado de despacho de la PGR, Elías Beltrán, hablan de frente y directo sobre los enemigos públicos de la sociedad mexicana en el narcotráfico. No los persiguen, no los exhiben, mucho menos comparten sus delitos, sus rostros, sus nombres, para que sean denunciados o en el peor de los casos, saber de quién huir. Esa secrecía que mantienen en el Gobierno Federal respecto las investigaciones de los narcos, les da a los criminales el anonimato, la impunidad para seguir delinquiendo.
Definitivamente también contribuye a la impunidad el hecho que quienes administran la Justicia, jueces y magistrados, aplican en casos de alto impacto un riguroso purismo sobre el ahora Nuevo Sistema de Justicia Penal, que en muchos de los casos pone en la calle de nueva cuenta a quienes por alguna razón fueron aprehendidos. La puerta giratoria le han llamado los abogados al NSJP, pues así como entran los delincuentes, así salen.
En México no se requiere de una amnistía para los criminales, ya existe. Son impunes ante las deficiencias de un sistema de procuración de justicia que no los persigue, y la falta de compromiso del Gobierno Federal.
De hecho, los pocos capos del narcotráfico que han sido detenidos o abatidos por las autoridades mexicanas, fueron resultado de operativos en coordinación con las Policías de Investigación, Inteligencia y Narcóticos de los Estados Unidos, quienes mayormente proveen la información de la ubicación de los criminales para que estos sean detenidos en territorio mexicano, y dejen de trasegar droga hacia su País.
Desechado el sistema de Mando Único o Mando Mixto por los Legisladores Federales, no existe una real coordinación entre las policías en México. Cada una corre por su cuenta y se corrompe con sus narcos, mientras las Fuerzas Armadas, fuera de Ley entran al quite por regiones, sin que haya un plan alterno para que esa labor la realicen las fuerzas civiles, y corriendo el riesgo que militares y marinos sean corrompidos por los criminales, como ya ha sucedido en específicos casos.
Entonces, aparte de los factores humanos como la corrupción y la falta de compromiso por la seguridad, o los de sistema como la ineficacia del Ministerio Público, y un NSJP que no se reforma para adecuarlo a la realidad de la criminalidad mexicana, las leyes que se analizan en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, también resultan incompletas, insuficientes y poco claras en materia de responsabilidades, facultades y coordinación entre las policías, las instituciones civiles y las fuerzas armadas. Efectivamente, tampoco se trata que el Ejército Mexicano o la Armada de México realicen tareas que no están en su fuero, menos de tiempo completo y de forma permanente, pero sí resulta necesaria la coordinación entre todas las fuerzas en momentos tan difíciles y tan violentos que han llevado a los mexicanos a contabilizar más de 104 mil ejecutados en el país en los últimos cinco años, los mismos que tiene gobernando el Presidente Enrique Peña Nieto.
Una Ley de Seguridad del Interior debería ir acompañada de una de Mando Único o Mixto, y definitivamente, establecer controles claros para la activación de un plan emergente que requiera de la participación de las Fuerzas Federales. La coordinación de las policías, la preparación del Ministerio Público, y la reforma al NSJP, son acciones imperantes en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. De otra forma, continuar en el contexto actual, la impunidad impera y la sociedad corre peligro.
Al cumplirse el quinto año de gobierno de Enrique Peña Nieto, y entrar al que será el último de su administración, sin duda muchos son los pendientes del Presidente. No solo de aquellos que firmó ante notario para hacerlos realidad en su administración, sino hechos y acciones que no llevó a cabo para llevar seguridad a los mexicanos.
Por ejemplo, y así lo publicamos en el Semanario ZETA en la edición vigente a la fecha, tiene por lo menos catorce criminales de alto impacto prófugos. De los cuáles no se sabe en qué nivel están las investigaciones en su contra, por supuesto el principal es Ismael “El Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa, “El Mayo” ha evadido la captura por más de 20 años, ha sobrevivido a tres aprehensiones de Joaquín Guzmán Loera, y controla el cártel más longevo del País. Pero nada se sabe de él, ni una fotografía reciente, ni dónde delinque, es como si para la autoridad federal no existiera en el presente.
El segundo narcotraficante impune en el sexenio de Enrique Peña Nieto es Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la estructura criminal de mayor crecimiento en los últimos cinco años, y una de las más violentas en la actualidad, con influencia en estados del norte, del centro y del pacífico. De “El Mencho”, al igual que de “El Mayo”, poco se sabe. La autoridad federal guarda especial hermetismo en tales investigaciones si es que existen. Por mencionar otro, Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”, sinaloense, de los elementos de los Beltrán Leyva, violento, se escindió del cártel de Sinaloa para establecer su propia organización criminal y hacer frente a otros criminales por el control de estados como Sinaloa, Sonora y Durango, para el trasiego de droga.
No menos importante, y sí el reflejo de la ineficiencia del Estado Mexicano, Rafael Caro Quintero, el capo que fue liberado “erróneamente” el 9 de agosto de 2013, para “sorpresa” del Gobierno Federal que lo tenía en custodia, y asombro del Gobierno de los Estados Unidos, que lo quiere para juzgarlo por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, crimen porque el que estaba purgando una pena de 40 años cuando lo dejaron salir. Al obtener la libertad, Caro Quintero fue rescatado por quienes lo consideran una leyenda viviente: los mismos narcotraficantes del cártel de Sinaloa. Activando de esa forma otra rama criminal en esa estructura.
Criminales impunes como estos capos hay más, en el sector gobierno por corrupción, y en las calles por delincuencia organizada, son los responsables de robos, secuestros, asesinatos, que no tienen una orden de aprehensión en su contra porque el Ministerio Público no los investiga, porque no son prioridad para la cabeza del Gobierno Federal, y porque hay un sistema garantista que los beneficia. No, los narcos no requieren de amnistía cuando ya gozan plenamente de impunidad.