Los padres de dos de los jóvenes que fallecieron por el derrumbe de puentes en el Tec de Monterrey, campus Ciudad de México, durante el sismo del 19 de septiembre, presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en la que denuncian omisiones del gobierno capitalino que pudieron prevenir el desastre, además de señalar que ha entorpecido y retrasado las investigaciones del caso.
En el oficio de la queja, del que Animal Político tiene copia, Juan Carlos Álvarez Blanco, padre de Juan Carlos Álvarez Díaz González, y Otilia Berenice González Neri, madre de Edgar Michel Azano González, denuncian tres omisiones en específico.
La primera de ellas está relacionada con la falta de verificación oficial al inmueble del Tec, luego del primer terremoto de 8.2 de magnitud, que se registró el pasado 7 de septiembre.
Después de dicho evento, explica la queja, varios alumnos del Tec difundieron en redes sociales fotografías y videos de los “severos daños a las instalaciones con motivo del sismo”, ante lo que consideran hubo una actitud omisa de las autoridades.
Tras este sismo, el Tec solicitó al Director Responsable de la Obra, Alejandro Diego González del Pliego, que avalara la seguridad estructural del inmueble, lo que hizo después de un recorrido.
Sin embargo, ni el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) ni la Secretaría de Protección Civil del gobierno de la ciudad “realizaron visita al campus ni pidieron informe alguno a la institución”.
La segunda omisión denunciada en la queja está relacionada con la remoción de escombros, luego del sismo del 19 de septiembre. Los padres señalan que, tras el derrumbe de los puentes, se privilegiaron maniobras de retiro de los escombros sobre el rescate de las víctimas.
Ninguna autoridad del Gobierno de la Ciudad de México impidió lo anterior, lo que constituye una omisión que generó violación a derechos humanos que pedimos que investigue esta Comisión”, indica el escrito.
La tercera omisión es respecto a la investigación. Los padres señalan que el 30 de octubre de 2017 presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, sin que hasta el día de hoy (14 de noviembre de 2017) se les haya pedido ratificar la misma.
Esto “retrasa la práctica de diligencias, propicia la impunidad y denega a las víctimas el acceso a la justicia”.
Piden que se frene demolición
Como parte de su escrito de queja, los padres solicitaron a la CDHDF que dicte medidas cautelares para que se impida la demolición de los edificios Aulas 2 y 3 (conectados por los puentes que se derrumbaron). Esto hasta que no se desahoguen todas las investigaciones.
También solicitaron medidas cautelares a la Comisión, que ordenen que “el gobierno de la Ciudad de México no retrase la investigación de los hechos denunciados”.
Finalmente, los padres solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que investigue las omisiones denunciadas a profundidad, y en su momento emita las recomendaciones que correspondan.