La propuesta para que la Cámara Baja del Congreso de la Unión exhorte al gobierno de Puebla, a fin de que respete los derechos de los periodistas, fue presentada ayer ante el pleno por el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos.
Dicho órgano del Poder Legislativo federal, está presidida por el priista Pablo Gamboa Miner, representante de Yucatán y es dominada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues 12 de sus integrantes son militantes del tricolor, cuatro del Partido Acción Nacional (PAN), cuatro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tres del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dos del Morena, uno del Movimiento Ciudadano y uno también del Partido Encuentro Social (PES).
En la misma sesión, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, Virgilio Dante Caballero Pedraza, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 102 de la Constitución, para dotar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de reconocimiento constitucional y autonomía de gestión y organización interna.
En su exposición de motivos, dijo: “el aumento de las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, por parte de funcionarios públicos, obliga a plantear la necesidad de garantizar constitucionalmente su seguridad y su protección integral. La relación entre el crimen organizado y las autoridades municipales, estatales e incluso federales, la impunidad, la corrupción y la inoperancia de las instituciones dedicadas a procurar justicia, son algunas de las condiciones que han convertido a México en uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo.
“Así lo externaron periodistas y activistas invitados al foro El Estado mexicano en las agresiones a periodistas, organizado por legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, una opinión prácticamente idéntica a la que han manifestado distintas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión como artículo 19, en cuyo informe 2016 señala que en 41 por ciento de los casos de agresiones a periodistas se presume la implicación de funcionaios públicos. Ante esta terrible situación la respuesta de las autoridades ha sido totalmente deficiente.
“En un informe reciente, la Organización de Comunicación e Información de la Mujer ha señalado la ineficiencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión, en forma principal en lo que corresponde a la garantía de justicia para los periodistas ante la ausencia de una eficaz política de perspectiva de género y su estructura y operación.
“De igual forma, organismos internacionales de derechos humanos han emitido una serie de recomendaciones al Estado mexicano, debido a las grandes violaciones a los derechos humanos. Algo que recordó claramente Michel Forts, experto independiente en la materia y relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos y los periodistas, en su reciente visita a México, del 16 al 24 de este año.
“Forts subrayó que las periodistas y los periodistas que mantienen posiciones críticas o disidentes frecuentemente enfrentan intimidaciones y amenazas. Asimismo señaló que el establecimiento del Fiscal Especial para los Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión ha sido un paso muy positivo; sin embargo, la sociedad civil ha criticado a la Oficina del fiscal especial, por no lograr avances significativos en las investigaciones.
El panorama que actualmente vivimos en lo que toca a la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos evidencia que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión no ha cumplido con su tarea.
“Los motivos de semejante incumplimiento son diversos, entre ellos se encuentran la ausencia de suficientes facultades para realizar investigaciones exhaustivas que terminen en procesamientos; el hecho de carecer de perspectiva de género y la falta de autonomía para atender en su justa dimensión las agresiones. En un gran número provienen de las propias instituciones del Estado. El Estado mexicano debe ser consecuente con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos aprobados en los últimos años, con la finalidad de fortalecer nuestra incipiente democracia, que año tras año se debilita ante los sistemáticos ataques contra medios de comunicación.
“A partir de las experiencias narradas por periodistas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la función de la mencionada Fiscalía Especial y con base en testimonios, estadísticas e investigaciones realizados por organismos de aprobada competencia en la materia, se propone dotar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de reconocimiento constitucional y autonomía de gestión y organización interna, con el objetivo de frenar y poner solución a la impunidad que persiste en la totalidad de las agresiones contra periodistas y personas de derechos humanos defensores”.