El futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez fueron ligados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) con Raúl Flores Hernández, presunto líder de una organización delictiva en Jalisco y por ello enfrentarán sanciones como no poder entrar a EU y el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Rafael Márquez y Álvarez "tienen relaciones de larga data con Flores Hernández, y han actuado para él y su DTO (Organización de Tráfico de Drogas) y mantenían activos en su nombre", afirmó la dependencia federal estadounidense.
Estas son las sanciones que enfrentarán por la Ley Kingpin del gobierno de Estados Unidos.
Esta normativa fue creada en 1999 con el fin de evitar transacciones de narcotraficantes en EU.
Es bajo esta ley que se congelaron todos los bienes en Estados Unidos, tanto de Flores Hernández, como de Rafael Márquez y Julión Álvarez, más de una veintena de personas y 42 entidades por apoyar al presunto narcotraficante.
Una de las medidas más severas es la inclusión de los implicados en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), con lo que no pueden entrar a Estados Unidos, es decir, suspenden su visa, ni hacer transacciones en ese país.
Además, a los señalados se les aplicarán sanciones que van desde las civiles de una multa de hasta 1.4 millones de dólares, a penas criminales más severas.
Los señalados, además, podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones criminales de la Ley Kingpi.
De acuerdo con especialistas, sólo con la emisión del comunicado del Departamento del Tesoro sobre la investigación, los bancos mexicanos que tengan corresponsalías en Estados Unidos deben congelar las cuentas.
Una fuente explicó que, una vez emitido este tipo de comunicados se avisa a las instituciones para que revisen si forman parte de su lista de clientes para que inmediatamente sean cerradas, esto aún cuando la autoridad de Estados Unidos no haya notificado oficialmente a México de la investigación y procesos que realizaba.
Una vez que eso ocurre, los bancos mexicanos deben dar aviso a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera.