En respuesta a la omisión de las autoridades, un grupo de ganaderos y campesinos de la parte serrana del municipio de Zihuatanejo anunció la creación de una nueva policía comunitaria.
Paradójicamente, en esa misma zona –que conecta las regiones Costa Grande y Tierra Caliente, donde los narcotraficantes se disputan la producción de heroína y cristal– el gobierno de Héctor Astudillo Flores impulsa uno de sus cinco proyectos estratégicos de desarrollo.
El pasado domingo 16, en el poblado Vallecitos de Zaragoza surgió públicamente el grupo armado “Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero”, conformado por pobladores de siete ejidos de los municipios de José Azueta y Coyuca de Catalán.
Con ese grupo de autodefensa suman al menos diez organizaciones armadas que operan en las siete regiones de la entidad con la complacencia del gobierno de Héctor Astudillo Flores, quien ha delegado las funciones de seguridad pública a guardias comunitarias señaladas por sus presuntos nexos con la delincuencia.
Y eso ocurre así, a pesar de que informes del gobierno federal han señalado que algunos grupos de autodefensa son “paramilitares vinculados con el narco”, como la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) –que opera en Acapulco y las regiones de Costa Chica, Centro y la Sierra–, La Tecampanera de Teloloapan, El Movimiento Adrián Castrejón de Apaxtla, Paz y Justicia de Chilapa, Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan, y las guardias comunitarias que tienen presencia en la franja minera del río Mezcala.
De acuerdo con un reporte oficial consultado por Apro, la nueva organización surgida en la sierra de Zihuatanejo “es el brazo armado del grupo delictivo Guardia Guerrerense”, que mantiene una confrontación con la banda Sangre Nueva Guerrerense por el control de laboratorios de procesamiento de droga sintética como cristal y heroína en esa franja de la entidad.
Al respecto, Astudillo Flores señaló públicamente que detectaron a grupos de ganaderos detrás del movimiento armado en la sierra de la Costa Grande y Tierra Caliente, y justificó la acción de los pobladores con el argumento de que se trata de una zona de difícil acceso y eso impide la presencia de policías de los tres niveles y el Ejército.
Medios locales reportaron este martes que el promotor de la Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero, Artemio Sánchez Sánchez, informó que decidieron tomar las armas en los ejidos de Río Frío de Los Fresnos, Juntas de Río Frío, El Ciruelo, Zihuaquio, Real de Guadalupe, Vallecitos de Zaragoza y Cundancito, ante la presencia de una gavilla que comete asesinatos, asaltos, robos, abigeato y extorsiones a los habitantes de esa zona productora de enervantes.
Los ganaderos que coordinan el grupo armado exigieron a las autoridades federales y estatales que asuman su responsabilidad para garantizar la seguridad de la población, de lo contrario, advirtieron, se recrudecerá la violencia en esa franja.
El pasado 19 de mayo, proceso.com publicó una nota titulada “El narco se enquista y pasea en Ixtapa-Zihuatanejo”, donde se señala que en esa zona turística de la Costa grande los delincuentes se pasean de manera impune con fusiles tipo Barret en la mano, y en redes sociales exhiben sus excesos, así como los presuntos nexos de la delincuencia con autoridades de los tres niveles y el Ejército.
Desde hace una década ese lugar ha sido el escenario de una batalla entre bandas criminales no solo por el control político de la región, sino también para imponer su hegemonía.
Pero con Héctor Astudillo Flores al frente del gobierno, la crisis de inseguridad, violencia y descaro de la delincuencia se agudizó.
Los criminales, quienes mantenían su guerra en las calles, la llevaron a la sierra y el mar, pero también a las redes sociales, donde han difundido nombres de políticos y autoridades presuntamente vinculadas con el narco.
También se lanzan retos a través de sus cuentas en Facebook, donde los sicarios se exhiben con uniformes militares portando fusiles de asalto y lanzagranadas, en franco desafío a las autoridades.
En esa zona, el mandatario estatal anunció uno de los cinco proyectos estratégicos de su administración, enfocados en el desarrollo de un puerto marítimo en el municipio de La Unión, o una ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lugar controlado por el narco.