Por negar que el Ayuntamiento de San Andrés Cholula expropió una parte del predio de la familia Tlatehui Juárez, a pesar de que existen pruebas que demuestran lo contrario, el secretario de Seguridad Pública, José Mario Méndez Balbuena, y el alcalde Leoncio Paisano Arias podrían ser sancionados hasta con nueve años de prisión y hasta con ocho años de inhabilitación para ocupar un cargo público.
Así lo advirtieron Álvaro Ramírez Rivera y Julio César De la Rosa, representantes legales de la familia afectada, quienes puntualizaron que la parte del predio que les invadieron las autoridades tiene una longitud de 3.5 metros de ancho por 120 metros de profundidad.
El pasado 10 de noviembre, personal de maquinaria pesada, apoyado por elementos de la Policía Municipal, tiró una barda que delimitaba el terreno de dicha familia de un predio que se encuentra junto, el cual estaba abandonado.
En este espacio expropiado, incluida la parte invadida del predio de la familia Tlatehui Juárez, se está construyendo la nueva sede del DIF municipal, en el barrio Santa María Cuaco.
De acuerdo con los abogados, el día de los hechos el personal enviado por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula delimitó el predio, abarcando la salida y entrada (el portón) a la propiedad de dicha familia, por lo que tuvieron que ingresar a su propiedad por medio de una escalera.
Dijeron que ante esta situación se presentaron tres juicios de amparo ante la justicia federal; el primero de ellos, que es el que busca detener la obra, será resuelto el próximo 9 de enero de 2018, estimaron.
Vislumbraron que se le concederá el juicio de amparo a la familia pues existen pruebas de que se les derribó su barda y de que se les expropió una parte de su terreno para poder iniciar una obra del DIF municipal.
Estamos seguros que el amparo es procedente, se le va a conceder a la familia Tlatehui porque tenemos pruebas que son plenas, que dan la veracidad, en un amparo anterior en donde se dejó privados de su libertad a la familia, en donde había un chica lesionada que no podían salir”, refirió Álvaro Ramírez.
Señalaron que el secretario de Seguridad Pública Municipal aceptó los actos reclamados y posteriormente los negó. Dijeron que el alcalde también ha negado que se haya invadido o expropiado.
Manifestaron que al haber pruebas de que sí hubo una invasión y expropiación, ambos funcionarios estarían violando la Ley de Amparo, de tal suerte que se les impondrían las penas ya mencionadas.
Las declaraciones falsas o contradictorias que está dando el secretario de Seguridad Pública junto con el presidente municipal, lo están llevando a caer en falsedad y va a tener como consecuencia la pena que marca la Ley de Amparo para este tipo de delitos, estamos hablando de tres a nueve años de prisión y de tres a ocho años de inhabilitación para ocupar un cargo público”, advirtieron.