El esquema de Inversión Pública Productiva propuesto por el alcalde de Puebla, Luis Banck para el uso de la deuda pública que ha solicitado al Congreso, por un monto de 800 millones de pesos, lo obligará a justificar que el uso de estos recursos tenga un beneficio social y que incluso pueda generar ingresos extras a las arcas del municipio.
De acuerdo con la iniciativa enviada el pasado 18 de julio al Poder Legislativo, el Ayuntamiento pretende hacer uso de esta figura financiera como un candado para garantizar que las obras o proyectos que se lleven a cabo sean prioritarios.
En su Artículo 2, la Ley de Disciplina Financiera define qué es una Inversión Pública Productiva:
XXV. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable”, dice la ley.
El beneficio podrá ser sustentado por el Ayuntamiento de Puebla de dos maneras:
1. Que la obra tenga un impacto social importante para el lugar en donde se desarrolle
2. O que la obra produzca recursos extras para las arcas del municipio.
Este miércoles, El Sol de Puebla publicó que el ayuntamiento pretende recuperar parte de la inversión con el dinero que recauden de las multas que podrán a los conductores que vayan hablando por celular, no usen el cinturón de seguridad o pisen las líneas peatonales, aunque hasta este momento la información no ha sido corroborada por la comuna.
Fuentes al interior del Ayuntamiento relevaron a CENTRAL que también se contempla que las pavimentaciones de las 140 calles se hagan bajo este esquema.
El Ayuntamiento de Puebla ha informado a grandes rasgos para qué serán usados los 800 millones de pesos que solicitaron como tope de endeudamiento.
Entre ellas destaca la colocación de mil 500 cámaras de vigilancia, 70 lectores para detectar placas de autos robados, la rehabilitación de la estación policial de Rancho Colorado, la compra de 176 patrullas, inversión para la capacitación de policías, la compra de 600 tabletas electrónicas para los Informes Homologados y la contratación para el personal de monitoreo de cámaras.
En el rubro de obra pública se señala que los recursos se usarán para la pavimentación de 140 calles, guarniciones, banquetas, huellas podo táctiles y rampas para personas con discapacidad; la ampliación de la red urbana de agua potable, saneamiento, alcantarillado; y la ampliación de la red de alumbrado público.
El proyecto ya está en la cancha del Congreso de Puebla y se espera que el próximo 31 de julio sea votado, el PRI ya dijo que irá en contra.
Una vez votado por el Congreso, Banck tendrá que someter a aprobación del Cabildo cada uno de los proyectos o contrataciones que quiera realizar para usar este recurso.
