Aunque no lo mencionó directamente, el gobernador de Puebla, Tony Gali Fayad exigió al presidente municipal de San Andrés Cholula, José Juan Espinosa Torres, dejar de lucrar con el tema de la privatización del agua con la finalidad de hacer política.
No se vale que estén lucrando y distrayendo a la población con este tema (...) Han de ser cuestiones políticas, yo así lo veo".
En entrevista, el mandatario confió en que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise la controversia presentada por el edil cholulteca, los ministros determinen que ésta ley es un derecho de los ciudadanos.
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Cuando la Corte vea esta ley de derecho al agua cómo está en la constitución política e los Estados Unidos Mexicanos, que se decide poner en la Constitución política de nuestro estado se verá que es el derecho que tienen los ciudadanos al agua, la garantía que les tiene que dar el gobierno".
Gali Fayad aprovechó para rechazar por completo que se busque con esta reforma privatizar el servicio del agua en la entidad.
Este martes José Juan Espinosa Torres anunció la creación del Foro Estatal para la Defensa del Agua, que se llevará a cabo el próximo 1 de marzo. Ahí retó al jefe de la oficina del gobernador, Javier Lozano Alarcón, para que acuda a defender la reforma al artículo 12 de la Constitución Local que abre la puerta a la privatización del servicio en todo el estado.
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El pasado 20 de febrero CENTRAL publicó que 142 cabildos aprobaron el ordenamiento y permitieron que el Congreso Local emitiera la constitucionalidad de la reforma del agua, de esa cifra, 42 son emanados del PRI.
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La reforma consiste en una modificación al artículo 12 que señala: “Establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Sin embargo, al final del párrafo indica: “El estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”. Es decir, se sientan las bases para que el Gobierno del Estado tome el control absoluto del servicio de agua potable en los 217 municipios.