Con el objetivo de otorgar una certeza jurídica en materia de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres, el Diputado Federal Eukid Castañón Herrera presentó una iniciativa que busca endurecer las penas para operadores de servicio de transporte tanto público como privado, que incurran en el delito de feminicidio, así como a la autoridad competente que no conceda las medidas cautelares cuando la víctima se encuentre en peligro.
La propuesta también incluye eliminar el plazo de 72 horas de protección en caso de riesgo, para extenderlo al periodo que se requiera según la circunstancia; además, plantea que ésta pueda ser solicitada por una persona externa a la mujer afectada siempre y cuando existan elementos que lo justifiquen.
Las modificaciones solicitadas se encuentran en el Código Penal Federal (artículos 326 y 327) y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (artículos 27 y 28).
Cabe destacar que cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI) en 2011, revelan que en México el 62.2% de las mujeres ha sido víctimas de violencia (emocional, física o sexual), mientras que cuatro de cada diez habrían sido víctimas de violencia-emocional, física o sexual en el plazo de un año.
Esta iniciativa encuentra su origen en brindar atención a las recomendaciones emitidas durante 2012 por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), organismo avalado por la ONU.
Al respecto, el diputado panista enfatizó la inaplazable necesidad de legislar en la materia, ya que existe un tema de imprecisión, en virtud de que la norma vigente presenta múltiples interpretaciones que pueden derivar en un perjuicio para la víctima, por lo que propone una interpretación única en la legislación actual, reiterando el objetivo primordial del reforzamiento a las acciones para la prevención de delitos que obstaculizan el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.