Los accionistas mayoritarios del Centro Internacional de Medicina (CIMA) que poseen el 70 por ciento de la sociedad, han contratado a un despacho de abogados que busque uno por uno a los 190 médicos y empresarios dueños del 30 por ciento del proyecto para convencerlos de venderles sus acciones y que así puedan concretar la venta del edificio al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la instalación del hospital San Alejandro. La búsqueda es desesperada pues advierten que tienen solo hasta el 20 de noviembre para cerrar el negocio.
Así lo revelaron un grupo de médicos de Grupo Medicus a CENTRAL, quienes pidieron la gracia del anonimato y explicaron que desde 1992 inició, pero fue hasta 1998 cuando comenzaron a invertir en el proyecto que sería el hospital más moderno del país y terminó como un edificio abandonado durante más de 15 años por la falta de recursos.
Las fuentes consultadas acusaron que son víctimas de desinformación, puesto que los accionistas mayoritarios, de origen estadounidense, no les han informado sobre el trato que han cerrado con el IMSS a nivel federal y que si supieron de la venta fue por las notas publicadas en este medio de comunicación.
Y es que el pasado 10 de noviembre, este periódico publicó que en el Instituto Registral y Catastral existe un Aviso Preventivo publicado desde el 26 de octubre que alerta sobre el interés del Instituto en adquirir el edificio que ha estado en el mercado en un valor de aproximadamente 500 millones de pesos.
Aunque los médicos y empresarios temen que Luis Regordosa Valenciana, representante legal de Medicus, les cometa fraude junto con los gringos, abogados expertos en la materia explicaron a CENTRAL que para la venta es indispensable la firma de todos los socios.
Esta no es la primera vez que pretenden vender el predio a escondidas de los socios minoritarios, en el Registro se asientan dos permisos más fallidos lanzados en 2014 y 2015, de los que tampoco estaban enterados.
Incluso los accionistas publicaron un desplegado en el diario de circulación nacional Reforma, en donde 190 inversionistas de Grupo Medicus, aún dueños del edificio CIMA para advertirle al director general del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa que cualquier operación relacionada con la compra del inmueble ubicado atrás de la Universidad Iberoamericana será ilegal, pues carece del respaldo de todos los accionistas.
Fue dos días después del sismo del 19 de septiembre, cuando en su visita a Puebla, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto anunció la demolición de San Alejandro pues quedó inutilizable por el fenómeno geológico, por lo su gobierno adquiriría hasta dos hospitales para sustituirlo.
CENTRAL adelantó que CIMA sustituirá a San Alejandro y para ello el IMSS ofrece 500 millones de pesos para poder darle uso y que sea el Hospital Regional número 36.
VER: Hasta 500 millones de pesos pagará el IMSS por construir San Alejandro en el edificio CIMA
Relacionan a Víctor Mata; embargó el predio para evitar cualquier operación
Las accionistas además relacionaron al actual secretario de Desarrollo Económico del municipio de Puebla, Víctor Mata Temotzin, quien fungió como contador del proyecto y que años atrás hizo una maniobra para embargar el predio y así evitar que cualquiera de los socios pudiera hacer alguna operación, sin embargo, desconocen si aún forma parte del proyecto.
También explicaron que adquirieron una hipoteca para adquirir el predio que se encontraba a un lado de CIMA para poder edificar otro edificio ahí, son embargo, en 2016 la hipoteca fue cancelada.
Además les extrañó que en ese año se colocara una manta con información del predio y que se encontraba en regla la documentación, destaca que los números telefónicos eran de a Ciudad de México, de una inmobiliaria.
Venta divide a socios
Aunque algunos están de acuerdo con que se venda CIMA, algunos otros rechazan el negocio, pero de todas maneras los más beneficiados serán los accionistas estadounidenses pues ellos poseen el 70 por ciento de las acciones.
Los médicos y empresarios que invirtieron en el proyecto, exigen que les toque una parte de la venta o de lo contrario emprenderán acciones legales por no ser tomados en cuenta..