Los "proyectos de muerte” impulsados por el gobierno de Enrique Peña Nieto han ocasionado conflictos con diferentes comunidades indígenas, en especial la construcción del gasoducto Tuxpan- Tula que pasa por la entidad poblana, así como la construcción de una hidroeléctrica que ha afectado a comunidades náhuatl.
En el Quinto Informe de Gobierno de Gobierno de la administración federal se reconocen cinco conflictos sociales con comunidades indígenas, aunque en el documento se estipula que han sido resueltos con diálogo y mesas de negociación. Las comunidades que están en pie de lucha contra la administración federal son de origen Náhuatl, Otomí y Totonaca.
El documento establece que se han suscitado dos conflictos por violaciones a derechos colectivos, un conflicto agrario y dos conflictos sociales. Sin embargo, las entidades que sostienen más pugnas con comunidades indígenas son Chiapas con 21 y Guerrero con ocho.
El gobierno de Enrique Peña Nieto destaca en su informe dos conflictos: el Proyecto de Transporte de Gas Natural Tuxpan-Tula en el estado de Puebla y otro más derivado de un proyecto hidroeléctrico en Puebla, específicamente en comunidades náhuatl, aunque no específica de qué proyecto se trata.
También sobresalen conflictos por la exploración y extracción de hidrocarburos en comunidades en Chiapas y varios proyectos de energías renovables a comunidades mayas en Yucatán.
Derivado de la Reforma Energética se desarrolló la consulta previa, libre e informada sobre la construcción y operación de diversos proyectos: el Gasoducto Tuxpan-Tula a las comunidades náhuatl, otomíes y totonacas de Puebla, Hidalgo y Veracruz; proyecto hidroeléctrico en Puebla a comunidades náhuatl; actividades de exploración y extracción de hidrocarburos a comunidades zoques en Chiapas, y por diversos proyectos de energías renovables a comunidades mayas en Yucatán”, concluye el Quinto Informe.
La empresa canadiense TansCanada ganó la licitación para construir el gasoducto Tuxpan-Tula que forma parte del Plan Quinquenal de Gas Natural 2015-2019 de la Secretaría de Energía.
El contrato de 25 años asignado a su subsidiaria, Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, construirá el ducto que correrá por Veracruz, Puebla e Hidalgo y que abastecerá de gas natural de Texas al país.
En septiembre pasado, el Consejo de Pueblos Indígenas Xängü Yamui denunció que el paso del gasoducto Tuxpan-Tula pone en riesgo la vida, el agua y la tierra en 130 comunidades originarias, calculan que sólo en Pahuatlán destruiría más de 600 hectáreas del Bosque Mesófilo de Montaña.
En febrero pasado la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó una misión a la Sierra Norte de Puebla para sostener reuniones con integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de la región con el objetivo de conocer la situación de la gente y sus tierras que se podrían ver afectadas con esta obra
El último bloqueo tuvo lugar el 7 de junio cuando pobladores de la comunidad El Coyolito, en el municipio de Francisco Z. Mena. Los afectados bloquearon el paso de las máquinas y cerraron los caminos de acceso a su comunidad.
El ducto pasará por Pahuatlán, Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza, Pantepec, Jalpan, Tlaxco, Tlacuilotepec y Honey.