El Senado aprobó una reforma constitucional en materia de Seguridad y Justicia, que comprende la creación de un Modelo Mixto Policial que prevé la intervención de corporaciones policiacas estatales y municipales; un régimen homologado para la actuación de las corporaciones en los tres niveles de gobierno, y un servicio de carrera y prestaciones de seguridad social.
Al cerrar la sesión de periodo extraordinario, con 102 votos en favor, seis en contra y dos abstenciones, el Senado aprobó reformas a los artículos 21, 73, 76, 115, 116 y 123 constitucionales y remitió la minuta a la Cámara de Diputados, que lo decidirá hasta el próximo periodo ordinario de sesiones o en otro extraordinario.
Con ello se modificó la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de crear el Mando Único Policial, que envió al Senado en diciembre de 2014, como eje central para combatir la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiacos municipales y estatales.
La iniciativa fue planteada por el Ejecutivo, luego de los acontecimientos del 26 septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde policías municipales —y la organización criminal Guerreros Unidos—, participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Así el titular del Ejecutivo de cualquier orden de gobierno podrá solicitar la delegación temporal del ejercicio de la función de seguridad pública a cargo de las instituciones policiales de los municipios y las entidades, por cualquier situación que afecte de forma relevante la prestación del servicio.
La reforma fortalece el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el cual llevará a cabo evaluaciones y auditorías a los cuerpos policiales a través del Secretariado Ejecutivo, que designará a un responsable de determinar la intervención de una institución policiaca de acuerdo con los criterios que se establecerán en la Ley General.
“La Ley General en la materia preverá los casos de excepción en los cuales las instituciones policiales de las entidades federativas actuarán bajo el mando de las federales y los casos en que las municipales lo harán bajo el mando de las estatales o federales, a fin de asegurar la eficacia de la función policial y los fines de la seguridad pública”, señala la minuta.
Se establece que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública sin haber aprobado una evaluación, sin cumplir con los requisitos que determine la ley y haya sido registrado en una base de datos del personal dedicado a las tareas de seguridad.
“Tratándose de la intervención de una policía estatal, se requería de la aprobación del Senado —por dos terceras partes de los legisladores presentes—, conforme al procedimiento que se establezca en la ley de la materia”, señala el documento.
Además la Ley General en la materia preverá el establecimiento de modalidades de coordinación, colaboración y cooperación para el ejercicio de la función policial en zonas metropolitanas y áreas conurbadas entre la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales.
Se establece que las policías de los municipios se enfocarán a las tareas de seguridad pública por medio de una policía de proximidad, con la competencia para la aplicación de los bandos de policía y gobierno, de tránsito y vialidad, y la imposición de multas administrativas.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García (PRI), expresó que la reforma propone resolver a través de un modelo mixto, que preserva la función policial en los tres órdenes de gobierno.
Así, los ayuntamientos tendrán competencia para realizar tareas de prevención, reacción, investigación, de acuerdo con la certificación que se lleve a cabo de sus capacidades, misma que realizará el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Expuso que uno de los alcances de esta reforma es “avanzar al fortalecimiento de las instituciones policiales, mediante distintos elementos que requieren homologación, a través del establecimiento del Servicio Nacional Profesional Policial”.
El senador Fernando Yunes Márquez (PAN), presidente de la Comisión de justicia, explicó que de la iniciativa del Ejecutivo federal de un modelo de mando único donde se desaparecían las policías municipales y se creaban 32 por entidad, hoy hablamos de un modelo mixto que ayudará a que las cosas cambien en el territorio nacional.
“Se desvinculará a los municipios de la obligación de actuar ante el delito del narcomenudeo, de tal suerte que sea competencia exclusiva de la Federación y las entidades federativas”.
El senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión Estudios Legislativos Segunda, detalló que la reforma no plantea un mando único, ni mando mixto, sino un sistema nacional de seguridad pública que define las funciones y competencias de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública.
“Tampoco se plantea que el Ejecutivo pudiera solicitar al Senado la desaparición de poderes municipales cuando existieran indicios de estar involucrado con la delincuencia organizada”, explicó.
El expresar su voto en contra, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, criticó que la reforma es un atentado en contra del federalismo, del principio del municipio libre y de la soberanía, porque ese mando “súper único” obedece a una imposición de Estados Unidos, porque el gobierno de la Unión Americana exige cumplir convenios de seguridad como lo es el mando único.