El procedimiento es simple: al arranque del sexenio se selecciona a promotores del voto del PRI, se les pide su firma sin decirles para qué la quieren y éstas se usan para crear nuevas empresas. A estas compañías se les asigna un domicilio fiscal falso, que ninguna autoridad revisa.
Una vez creadas, las empresas se registran como proveedoras del gobierno, capaces de vender desde pañales hasta cemento. Un pequeño grupo de funcionarios, cercanos al gobernador, se asegura que se les otorguen contratos, vía adjudicaciones directas o licitaciones cerradas.
En estos contratos se finge la compra de productos, que debían distribuirse en zonas populares, pero que nunca llegan. Después de obtener el dinero, la empresa cierra.
El gobierno de Veracruz utilizó este mismo procedimiento una y otra vez para desaparecer al menos 645 millones 693 mil pesos entre 2012 y 2013.
En esos años, funcionarios de la administración de Javier Duarte en Veracruz firmaron 73 contratos para la adquisición y distribución de bienes que, en el papel, serían destinados a personas en situación de pobreza, damnificados por desastres naturales, niños y ancianos. Pero que no hay constancia de que fueran entregados.
Las secretarías locales de Educación, Protección Civil, Desarrollo Social y el DIF estatal fueron las responsables de firmar estos contratos, que en todos los casos fueron concedidos a una red de 21 empresas, las cuales tienen diversos elementos en común: fueron fundadas al arranque del sexenio de Javier Duarte, desaparecieron después de conseguir el contrato, o –como ocurre con 13 de ellas– los socios están relacionados entre sí.
No son las únicas “coincidencias”: 12 fueron registradas ante la Secretaría de Economía con las mismas dos direcciones de correo electrónico y 11 están ubicadas en un mismo barrio habitacional popular. En todos los casos, las direcciones fiscales son casas, vecindades, lotes baldíos, panaderías o herrerías, en las cuales los dueños o inquilinos aseguran que nunca ha existido una empresa y menos aún que reciban contratos millonarios.
En las entregas siguientes Animal Político explicará a detalle cuáles son estas compañías y sus nexos entre ellas. En tanto, se puede adelantar que no sólo hay empresas fantasma, sino que además los productos que supuestamente se adquirieron no llegaron a su destino o es imposible saber qué ocurrió con ellos, porque las dependencias involucradas reconocieron que no tienen ningún comprobante que pruebe su entrega. Un grafólogo revisó las firmas que aparecen en los contratos y determinó que, en algunos de los casos, son falsas o no corresponden a la misma persona.
Los contratos fueron firmados por un pequeño grupo de funcionarios que pertenecen al grupo político de Javier Duarte desde hace años. Son los mismos que han ocupado en este sexenio las oficialías mayores o tesorerías de las principales dependencias públicas y se han relevado unos a otros.
Estos funcionarios son los mismos que han estado presuntamente involucrados en otros casos de corrupción y hasta se han anunciado investigaciones en su contra, averiguaciones previas abiertas o denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, pero nada ha pasado.
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