Luego de que el Congreso estatal presentara la reforma a la Ley de Transporte el pasado viernes 31 de julio, taxistas poblanos solicitaron a la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIT), encabezada por Luis Banck, que se modifique la propuesta emitida debido a que se generan condiciones de desigualdad, pues Uber no tendrá que cumplir para su operación con los mismos requisitos que se les piden a los choferes del servicio mercantil.

A través de un comunicado oficial, los transportistas detallaron que con esta reforma se pretende privilegiar a la empresa estadounidense y se pone en riesgo la economía de las personas dedicadas a prestar el servicio de taxi en la entidad.

En el caso del artículo 12, apartado D, en el cual se pretende establecer la figura de “Servicio Ejecutivo” para las Empresas de Redes de Transporte (ERT), y que sean estas las que registren y certifiquen a sus conductores; los taxistas consideraron como benéfico este punto para Uber, ya que sus choferes no tendrán que ser reconocidos por la SIT para operar, como en el caso de ellos.

Asimismo, señalaron que las Empresas de Redes de Transporte podrán prestar su servicio en la entidad poblana sin la necesidad de contar con permisos especiales, ya que el artículo 16 bis establece que: “Son vehículos del Servicio Ejecutivo, aquellas unidades particulares que sin estar sujetos al otorgamiento de una concesión, permiso o autorización por parte de la Secretaría, son utilizados por particulares en el traslado de personas y registrados en una Empresa de Redes de Transporte”.

Se trata sin lugar a dudas de favorecer el desarrollo de las Empresas de Redes de Transporte,  puesto que serán las propias empresas la que harán el trabajo reservado por Ley a la autoridad. Otorgar a UBER “permiso” para “operar”, o bien, modificar la Ley actual con tal de beneficiarle; no es otra cosa que una aniquilación del actual sistema de transporte mercantil y por ende de afectación a los miles de taxistas poblanos y sus respectivas familias”, dice el escrito del gremio taxista.

Los taxistas suscribieron que algunos requisitos que se les piden para circular en el estado, no le son exigidos a las Empresas de Redes de Transporte, tales como: licencia de chofer, tarjetón, placas de taxi, pago del refrendo del permiso (hoy mil 350 pesos), automóvil pintado y con rótulos del número de unidad, placas en color distinto, pagos de estudio (mil 300 pesos) y la garantía (4 mil pesos).

Además, refieren que a un prestador de servicio de transporte mercantil se le piden cuatro requisitos, mientras que para el llamado servicio ejecutivo solamente se les solicitan tres requisitos como: placas de circulación del estado de Puebla y calcomanías alfanuméricas, tarjeta de circulación y el documento que acredite su registro ante la Empresa de Redes de Transporte, así como copia de la póliza de seguro con cobertura amplia.

Para ser precisos, los requisitos que señala la Ley y que deben cubrir los taxistas no les son exigidos a la Empresas de Redes de Transporte. De este modo la Ley convierte en desiguales a los iguales con lo que rompe con los principios de igualdad, equidad  y de proporcionalidad que toda Ley debe observar”. 

Respecto a la implementación de exámenes médicos toxicológicos, establecido en el artículo 45 bis, los transportistas recordaron que este tipo de pruebas solamente podrán ser practicadas “por la secretaría o por instituciones de salud pública o privada o por terceros que cuenten con infraestructura necesaria y sean autorizadas oficialmente por la secretaria”.

Por tal razón, criticaron que se pretenda dejar en manos de la empresa californiana la responsabilidad de aplicar este tipo de exámenes a sus choferes, sin necesidad de que la autoridad estatal intervenga.

Finalmente, el gremio taxista resaltó que hoy en día existen 12 mil 813 permisos de servicio mercantil (en la modalidad de taxi), los cuales –en su mayoría- fueron entregados por Mario Marín antes de que terminara su mandato.

Aunque dijeron no temer a la competencia, cuestionaron que el gobierno de Rafael Moreno Valle pretenda regularizar a empresas “piratas” como Uber.

Manifestamos que no tememos a la competencia mientras ésta sea leal y jurídicamente igualitaria. Pues no hay que olvidar que un principio básico de cualquier ley es qué ésta se rija por el principio a ERGA OMNES (que su aplicación y observancia sea igual para todos) de conformidad a lo que en su artículo primero dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El pasado viernes 31 de julio el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle envió al Congreso del estado una iniciativa para reformar la Ley de Transporte, con la cual se pretende otorgar un permiso de diez años para que Uber opere en la entidad.

Aunque el porcentaje de contribuciones para Uber se analizará en la Comisión de Transportes del Poder Legislativo Local, la cual preside el perredista Julián Rendón Tapia; el diputado del PAN, Francisco Rodríguez adelantó que será del uno por ciento la contribución, la cual se utilizará para el tema de movilidad urbana.