Puebla se encuentra a la cabeza en persecusión de presos políticos así como en legislación que criminaliza la protesta, indicó Mónica Oehler Toca, especialista en estrategias jurídicas de Amnistía Internacional en México.

Mónica Oehler Toca participó en el foro “Criminalización de la Protesta Social” que se efectuó en San Pedro Cholula y señaló con preocupación que en diversos estados del país, como en Puebla, se utiliza el sistema judicial para detener a los activistas y violar sus derechos.

El foro fue realizado por la Red de Alerta Temprana, el Comité de Defensa de Derechos Humanos Cholollan y el Frente Municipal Cholulteca en Defensa de la Identidad y el Territorio y en él la especialista explicó que los gobiernos tienen que escuchar las diferentes voces como parte del mecanismo democrático que se exige en un país como México.

Nos parece muy grave algunas leyes que se han aprobado como aquí de Puebla la famosa LeyBala”, comentó Oehler y destacó que son en cuatro entidades de país donde se llevó a nivel de legislación algunos mecanismos de contención de la protesta, como es Puebla con la “Ley Bala”, Quintana Roo con la llamada “Ley Borge”, el Distrito Federal con la Ley de Movilidad Urbana; y Chiapas, que aprobó también reformas el año pasado en estas mismas materias.

En el caso de los presos políticos Adán y Paul Xicale, privados de su libertad por la defensa de la pirámide de Cholula Oehler detalló que se está documentando el caso ante Amnistía Internacional, que se integrarían a casos como los de estados como Guerrero y Oaxaca, donde cuentan con varios reportes de criminalización de la protesta social.

Por su parte, Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos en México, destacó que en el país existen unos 800 presos por motivos políticos, a quienes se les inventan delitos para retenerlos en las cárceles.

Entre la lista de encarcelados consideró a Paul y Adán Xicale quienes cumplieron más de seis meses tras las rejas por su oposición al proyecto del llamado Parque Intermunicipal en Cholula. Los dos miembros de la familia Xicale han sido obstaculizados para salir de prisión a pesar de que han ganado por lo menos dos amparos para ser liberados. 

Rafael Moreno Valle ha encarcelado a 127 personas por oponerse a sus políticas o proyectos gubernamentales, de los cuales 15 aún siguen tras las rejas. El listado fue presentado esta mañana por el Comité para la Liberación de los Presos Políticos y Contra la Represión Social, quienes mostraron los nombres de los presos políticos, las razones por las que fueron encarcelados y su estatus judicial.

Los activistas señalaron que desde el 2011, cuando Moreno Valle asumió el poder, las personas que han manifestado su desacuerdo contra las políticas del gobierno estatal y federal han sido detenidas y procesadas injustamente.

De estos 127 casos, 15 continúan detenidos mientras que el resto lograron su libertad tras el  pago de excesivas fianzas y además deben acudir periódicamente a firmar.

Los 13 detenidos son: Rafael Tula Guzmán, Alfredo Portillo Ramírez y Juventino Tlahuel, mototaxistas detenidos en operativos de retiros de unidades; Fausto Montes García, Vicente Juárez García, Florentino Tamayo Ponce y  el ex edil Jairo Javier Montes Bautista, detenidos por oponerse al retiro del registro civil de las juntas auxiliares; Adán Xicale Huitle, Paul Xicale Coyopotl, encarcelados por oponerse a la expropiación de tierras en Cholula; los ex ediles de La Resurrección y Canoa, Sabino Leonardo Báez Serrano y Raúl Pérez Velázquez, detenidos por exigir la derogación de la ley orgánica municipal vigente; y Rubén Sarabia Sánchez y Atl Rubén Sarabia Reyna, cabecillas de la organización de comerciantes 28 de octubre.