El gobierno de Rafael Moreno Valle aseguró que cumplió ya con las 11 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el violento operativo del pasado 9 de julio en el que resultó muerto el niño José Luis Tehuatle. Como resultado de las pesquisas la administración estatal detuvo a 5 pobladores de Chalchihuapan y 7 elementos de seguridad pública; inhabilitó a 6 funcionarios de medio pelo de la SSP; destituyó a un funcionario de segundo nivel y únicamente amonestó y multó a Facundo Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

A través de un comunicado de prensa enviado esta mañana, el gobernador Rafael Moreno Valle informó que envió a un funcionario de medio pelo a ofrecer disculpas a las víctimas del operativo en el que resultaron gravemente heridos 9 ciudadanos. Fue el consejero Jurídico del Ejecutivo, José Montiel que se disculpó con los agraviados.

Sobre la indemnización de las víctimas, el gobierno del estado dice que creó un fideicomiso público y que los familiares de los agraviados deberán solicitar su indemnización ante la  Dirección General de Víctimas dependiente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). En el documento no se establece por qué monto será la reparación del daño.

A pesar de que el titular de la SSP, Facundo Rosas admitió ser el responsable del operativo del pasado 9 de julio para dispersar con lujo de violencia a pobladores de Chalchihuapan que bloquearon la autopista Puebla-Atlixco, el funcionario estatal sólo fue amonestado y multado; el gobierno de Puebla no especifica a cuánto ascendió la multa.

En el boletín enviado también se informa que se destituyó e inhabilitó hasta por 4 años a 6 elementos de la SSP y que fue destituido del caro la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial y dos mandos operativos más, cuyos nombres no especifican.

Sobre la detención  de 5 pobladores de Chalchihuapan, el gobierno sólo señala que fueron deteidos por distintos delitos, sin decir cuáles.

Este es el comunicado enviado por el gobierno de Rafael Moreno Valle:

El día de ayer el Gobierno del Estado de Puebla realizó el evento de cumplimiento a la recomendación 2VG/2014 emitida por la CNDH el pasado 11 de septiembre,  en el que informó las siguientes acciones:

 ·  Creación de la Fiscalía especial de investigación para el caso de San Bernardino Chalchihuapan y como titular de dicha fiscalía se nombró a José Antonio Pérez Bravo.

·   Capacitación en Derechos Humanos a todos los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley en el Estado, haciendo especial énfasis en el uso legítimo de la fuerza pública.

 ·  La Secretaría de la Contraloría, inició los procedimientos de responsabilidad y dio trámite y seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por la CNDH en contra de los Servidores Públicos responsables. Con motivo de dichos procedimientos, la Contraloría determinó sancionar al Secretario de Seguridad Pública con una amonestación y una multa.

 ·  Por otra parte, esta misma dependencia, determinó la destitución del cargo y sanciones económicas para la Subsecretaria de Coordinación y Operación Policial y a dos mandos operativos.

·  Asimismo, se destituyó e inhabilitó hasta por 4 años a 6 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública responsables en el operativo del 9 de julio.

·  La Fiscalía Especial del Caso Chalchihuapan, resolvió la averiguación previa, ejercitando acción penal en contra de probables responsables de distintos delitos, por lo que en cumplimiento de 12 órdenes de aprehensión y de cateo, libradas por un juez penal, fueron detenidos 6 elementos de la Policía Estatal y 5 personas civiles quienes han sido puestos a disposición del mismo juez.

· Finalmente, en cumplimiento a la recomendación, el Lic. José Montiel, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado, en nombre del Gobierno del Estado de Puebla, ofreció una disculpa pública a todas las víctimas que vieron vulnerados sus derechos humanos.

·   En este mismo sentido, anunció la creación de un Fideicomiso Público cuyo objeto es hacer frente a la reparación del daño e indemnizar a las víctimas de los hechos ocurridos el 9 de julio y a sus familiares, quienes podrán acudir, si así lo desean, a la Dirección General de Víctimas dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla para iniciar el procedimiento correspondiente.

·  Lo anterior fue debidamente notificado a las víctimas y familiares antes mencionadas.

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