Debido a presiones económicas el agente de Vialidad Estatal, José Manuel Ramírez Ramírez, se quitó la vida en el municipio de Teziutlán a donde había sido asignado por la Secretaría de Seguridad Pública a pesar de que el uniformado aseguró mediante diversos oficios que no podía hacer frente a los gastos que le generaba el cambio de plaza.

El hecho ha provocado molestia de agentes de la SSP del estado quienes han comenzado a organizar un paro laboral ya que temen ser los primeros en ser juzgados por los errores del operativo del 9 de julio en Chalchihuapan, mismo que cobró la vida del niño José Luis Tehuatlie Tamayo y que desencadenó en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves en contra del gobierno del estado.

Entre los estatales la muerte de su compañero ha provocado molestia, de acuerdo a las versiones de los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que la noticia de su suicidio corrió rápido entre los uniformados.

El cuerpo de José Manuel Ramírez, de 55 años de edad, fue encontrado por sus compañeros luego de quitarse la vida con un arma de cargo. El uniformado laboraba en San Martín Texmelucan en la delegación de Vialidad Estatal y sin mayor excusa fue enviado por sus superiores a Teziutlán meses atrás. Sus compañeros explicaron que no pudo con los gastos económicos y la presión a la que era sometido, además de que se mantenía sobrellevando una fuerte depresión por encontrarse alejado de su familia.

Como ha ocurrido en otros casos, el sueldo del agente no alcanzaba a cubrir las estancias en un municipio al que no pertenecía, además de los gastos familiares y de manutención.

CENTRAL informó que el pasado 30 de abril, en lugar de festejar el día del niño, los hermanos Gerson Ricardo y Cristian Peñaloza García protestaron afuera de asa Aguayo por un mejor salario para su madre, la policía custodia Lucía Felicitas Galicia Hernández, quién percibe un sueldo de 3 mil 500 pesos quincenales, que a decir de los menores no le alcanza para pagar la manutención de ellos,  además de los traslados y estancias en Zacapoaxtla, donde se encuentra asignada por la Secretaria de Seguridad Pública del estado de Puebla.

A la presión que reciben los agentes estatales se suman los señalamientos de abuso en uso de la fuerza, emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el pasado 11 de septiembre indicó que entre 34 carabineros y granaderos de la Policía Estatal se encuentra el responsable del homicidio del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, ocurrido en el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco el 9 de julio.

Además se espera que en cualquier momento la Secretaría de Seguridad Pública tome medidas en contra de los agentes estatales, quienes han amenazado en iniciar un movimiento de protesta según dieron a conocer en cadenas de mensajes dados a conocer vía WhatsApp.