El ombudsman, Luis Raúl González Pérez resaltó que únicamente el gobierno de Puebla, presidido por Rafael Moreno Valle, fue acreedor de una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos durante el 2014 en todo el país, esto por el desalojo ocurrido el pasado 9 de julio en la carretera Puebla-Atlixco, en donde resultó herido de muerte el niño José Luis Tlehuatle Tamayo.
Durante su comparecencia ante el Congreso de la Unión, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detalló que emitió 55 recomendaciones que se dirigieron a 67 autoridades. En el caso de Tlatlaya, dio origen a la Recomendación 51/2014, que al implicar ejecuciones extrajudiciales, necesariamente debió ser considerado como un caso grave desde su origen; y en el caso de Puebla, por violaciones graves a los derechos humanos se inició la única recomendación de este tipo.
Este Organismo Nacional formuló una sola recomendación por violaciones graves, la cual fue dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Puebla, con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan. Ante la complejidad de las violaciones denunciadas, se da seguimiento puntual a su cumplimiento”, mencionó Luis Raúl González.
Como CENTRAL informó, el 11 de septiembre del 2014—aún con Raúl Plascencia Villanueva como su titular— la CNDH emitió la recomendación 2VG/2014 donde se exige una indemnización a las 17 víctimas, entre ellos a los familiares del niño José Luis Tlehuatle.
Debido a esto el gobierno del estado destinó una indemnización de 4 millones de pesos para las víctimas de Chalchihuapan, sin embargo esta no ha sido entregada a ninguno de los afectados. Entre las medidas para considerar que había completado las 11 recomendaciones que incluye el documento 2VG/2014, el gobierno del estado detuvo a seis policías estatales para después liberarlos en una maniobra legal hecha por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia.
Sin embargo, por los hechos se mantienen en prisión tres vecinos de Chalchihuapan, así como el ex presidente auxiliar de dicha demarcación, Javier Montes Bautista, considerado uno de los presos políticos del gobierno del estado por organizarse con otros ediles en la Coordinación Estatal por la Dignidad de los Pueblos (Cedip) que exige el regreso de los registros civiles a sus comunidades y originó el conflicto y zafarrancho donde murió el niño Tlehueatle.