Puebla es el segundo estado a nivel nacional con más agresiones contra periodistas y medios de comunicación, según reveló el último estudio realizado por Artículo 19 durante el tercer trimestre de 2014. De acuerdo al análisis de la organización defensora de la libertad de expresión,son diez ataques los que se dieron contra representantes de la prensa poblana durante este periodo.
El estado de Quintana Roo ocupa el primer lugar con 15 agresiones a la prensa, seguido de Puebla con 10 casos registrados mientras que Zacatecas, Oaxaca y el Estado de México son resaltados por contar con asesinatos a periodistas o familiares.
El tercer informe trimestral de la organización remarca que en México se registran agresiones contra medios de comunicación cada 29 horas, por lo que durante julio, agosto y septiembre se presentó el periodo más violento para la prensa en México.
A lo largo del 2014, Artículo 19 documentó un total de 222 agresiones contra peridistas mexicanos: 94 agresiones físicas; 40 intimidaciones; 37 amenazas; 23 detenciones arbitrarias; 3 asesinatos y un ataque a las instalaciones de una estación de radio. De esta cifra, el organismo señala que el 42% de los casos son provocados por funcionarios públicos; 17% de particulares y en el 27% se desconoce quién agredió.
En el caso de Puebla, entre los diez atentados contra la libertad de expresión destacan robo de casa/habitación de tres periodistas a los que les fue arrebatada sus computadoras personales; dos ataques cibernéticos a los portales de dos medios de comunicación; tres agresiones físicas contra periodistas; un acto de intimidación contra un periódico local y la incautación del equipo radiofónico de una estación de radio comunitaria.
Entre los casos que destaca Artículo 19 en su estudio, sobresale el del pasado 17 de agosto, la casa del colaborador y caricaturista de Diario Cambio, Elmer Sosa, fue allanada por sujetos que sustrajeron 20 mil pesos en efectivo, tres Laptop, una iPad y dos memorias USB.
Elmer Sosa ha realizado caricaturas en contra del gobernador Moreno Valle, en especial durante el tiempo en el que se aprobó la Ley Bala además de todo lo acontecido durante el caso Chalchihuapan.
El 28 de julio, el periodista Luis Enrique Sánchez Fernández, director del portal Poblanerias, denunció en su espacio “El Coloquio de los Perros“, que sujetos se adentraron en su hogar y sustrajeron únicamente su computadora portátil del trabajo así como un televisor.
Anterior al atraco, Sánchez Fernández había criticado el exceso de la violencia durante el operativo del pasado 9 de julio en el poblado de San Bernardino Chalchihuapan, en donde granaderos hicieron uso de la polémica Ley bala contra pobladores que exigían les fuera devuelto el servicio del registro civil a las juntas auxiliares.
Por su parte, Diario Cambio sufrió, durante el tiempo más crítico del caso Chalchihuapan, un ataque cibernético que tumbó el portal de dicho rotativo durante tres días. El ataque informático de Inclusión Remota de Archivos, se dio 48 horas después del atraco que sufrió el director de Poblanerias.
El pasado 6 de agosto, personal del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y de la Policía Federal suspendieron la transmisión de las radios comunitarias Zacatepec Radio y Radio Axocotzin, que se transmitían en los municipios de Juan C. Bonilla y San Andrés Cholula respectivamente.
Asimismo, les fue decomisado, con exceso de fuerza, el equipo de transmisión, micrófonos, computadoras y consolas.
Las demás agresiones contra representantes de medios de comunicación que registra el documento no fueron reveladas por Artículo 19 por cuestiones de seguridad.
Además de estos casos, se documentó que a principios de octubre, el periodista de Chignautla, Miguel Enrique Ortega Bonilla, fue secuestrado durante siete horas cuando se dirigía a cubrir la marcha por la paz en aquella demarcación.
Cabe recordar que el pasado 2 de octubre el reportero de esta casa editorial, Estaban de Jesús López sufrió un asalto a mano armada después de que realizó un recorrido en el Centro Integral de Servicios para dar seguimiento al caso del cobro de estacionamiento a burócratas y ciudadanos en el edificio gubernamental.
El reportero, titular de la fuente de gobierno y autor de reportajes y notas críticas al gobierno morenovallista, llevaba en su iPad videos y fotografías de dicha investigación.
De igual manera, en los municipios de San Martín Texmelucan y Tehuacán se han registrado golpizas y amenazas de muertes contra periodistas. También se ha advertido sobre el retiro de convenios económicos con distintas redacciones.