Tras ser detenidos, golpeados e incomunicados, los 5 detenidos en San Bernardino Chalchihuapan ingresaron al penal de San Miguel la tarde del sábado y rindieron su declaración ante el Juzgado Tercero de lo Penal sin qué tuvieran derecho a un abogado presente.
La diputada Roxana Luna detalló que Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez García, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes aún no han podido hablar con su abogado, Raúl Rodríguez de la Fuente, quien logró la liberación de los primeros cuatro detenidos en el operativo de Chalchihuapan el pasado 9 de julio.
A los cinco pobladores de la junta auxiliar se les detuvo con lujo de violencia en un operativo de menos de 15 minutos realizado en la población perteneciente a la junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan. A la mayoría se les impidió incluso ponerse zapatos, fueron encapuchados y en ropa interior se les subió a camionetas sin sellos de la Policía Ministerial.
Las familias de los 5 detenidos no han tenido acceso a ellos y aún la Procuraduría General de Justicia no ha confirmado cuáles son los cargos que se les imputan, aunque el gobierno del estado confirmó que las detenciones ocurrieron con motivo del cumplimiento de la recomendación 2VG/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que exigía al gobierno del estado iniciar responsabilidades contra quienes participaron en las lesiones a 49 policías durante el operativo del 9 de julio.
Durante la mañana de este sábado, familiares de los vecinos de Chalchihuapan detenidos participaron en sesiones informativas para ubicar cuáles serían los lineamientos para su defensa.
En entrevista con CENTRAL, los familiares de todos los detenidos coincidieron en que ellos no conformaron parte del movimiento que cerró la autopista Atlixco-Puebla exigiendo el regreso de los registros civiles a las juntas auxiliares, hecho al que le siguió un violento desalojo de la Policía Estatal donde fueron heridos 49 policías y 70 civiles, de los que 9 fueron mutilados. Ahí mismo fue herido de muerte José Luis Tlehuatlie Tamayo, quién murió el 18 de julio. Por los hechos la CNDH realizó la recomendación 2VG/2014 donde se exigía responsabilizar a los involucrados en las lesiones tanto de estatales como de civiles.
