La estación del Instituto Nacional de Migración en Puebla se encuentra entre una de los centros de aislamiento que más violaciones a los derechos humanos presenta a nivel nacional, según el informe “Derechos Cautivos” que detalla la situación que viven migrantes en su tránsito por el país.
Puebla, con Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Distrito Federal, Jalisco y Coahuila, se encuentra dentro de los estados donde son violados consecutivamente los derechos humanos por parte de los agentes de migración en el país. .
Ubicada en Avenida Reforma #1905, la Estación Migratoria de Puebla, tiene una capacidad de máximo 60 personas y fue reprobada en el documento elaborado por diversas organizaciones de la sociedad civil en el país.
El trato para los migrantes en la estación de Puebla es agresivo, sufren gritos y violencia así como prácticas disfrazadas de formas de disciplina; además de que la atención a la salud mental de los migrantes no existe.
La investigación recabó testimonios de por lo menos 60 migrantes de origen hondureño, guatemalteco y salvadoreño, los cuales reportaron que la estación migratorias de Puebla tiene puertas de seguridad similares a las de una prisión y la azotea está vigilada por el personal del INM.
En el estudio para el estado participó el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla a través de visitas periódicas en el centro de detención, con la finalidad de monitorear las condiciones en las que se encuentran los migrantes.
A través de estas visitas se confirmó que en la delegación Puebla se toleran los abusos en contra de los derechos humanos de los migrantes. El Instituto Ellacuría observó que la interacción entre custodios y migrantes “conlleva fuertes llamados de atención y órdenes, que son reflejo de abuso de poder”.
Ante esta problemática, las organizaciones que elaboraron el documento: el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Dignidad y Justicia en el Camino, Frontera con Justicia, Casa del Migrante de Saltillo, Sin Fronteras y el Instituto Ellacuría de la Ibero Puebla; exigen la creación de políticas públicas integrales y efectivas para asegurar que cuando un migrante es detenido se respeten sus derechos humanos.