Integrantes de organizaciones sociales del municipio de Atlixco denunciaron que el presidente municipal, José Luis Galeazzi y el director de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Soapama), Luis Enrique Coca agreden e intimidan física y psicológicamente a quienes se oponen al incremento gradual de las tarifas del agua.

En rueda de prensa en una cafetería del Centro Histórico de Puebla, los agraviados mencionaron que presentarán una denuncia penal en contra de los funcionarios mencionados, así como en contra de otros dos trabajadores del gobierno municipal por los delitos de abuso de autoridad y amenazas.

En su intervención, el representante del Frente Nacional de Lucha Social, Ollín Amaro mencionó que sus compañeros y él ya presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP) para que exhorte al munícipe a corregir su forma de actuar en contra de los ciudadanos, pues la violencia del funcionario ha sido el principal método para acallar las quejas.

Destacó el hecho de que el diálogo entre los vecinos y autoridades gubernamentales ha sido olvidado, por lo que dentro de sus demandas también buscarán que no se violen sus derechos humanos.

Por su parte, el líder de la Alianza Popular de Ciudadanos por Atlixco, Demetrio Martínez afirmó que el organismo operador del servicio de agua potable incrementó hasta en 3 mil por ciento las tarifas del servicio en los últimos 20 años, afectando directamente a la economía de los habitantes.

Puntualizó que su organización ha estado tramitando amparos para que los vecinos que perdieron el agua potable por no cumplir con el pago requerido, se les pueda restablecer de manera inmediata el servicio en sus viviendas.

Es preciso detallar que lo anterior se da luego de que los pobladores inconformes clausuraron las instalaciones del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado este lunes 24 de noviembre para exigir a autoridades municipales y directivos del Soapama respetar los acuerdos de no incrementar las tarifas del vital líquido.

Sin embargo, el ayuntamiento de Atlixco recurrió a la violencia para desalojar a los protestantes.