Han pasado más de dos meses del desalojo policiaco de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan en la carretera Puebla-Atlixco, que causó la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatle Tamayo y dejó al menos a seis adultos con heridas graves y secuelas de por vida.
Han pasado más de dos meses y el Gobernador poblano, Rafael Moreno Valle Rosas, no ha sido capaz de tomar un teléfono y marcarle a la madre del menor, Elia Tamayo, para darle el pésame, aun cuando el pasado 11 de septiembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que preside Raúl Plascencia Villanueva, concluyó que José Luis Alberto falleció por un proyectil lanzado por los policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad, y no por la onda expansiva de un cohetón detonado por los manifestantes, como en su momento difundió en medios locales y nacionales el gobierno morenovallista.
Han pasado más de dos meses en que el Gobernador Moreno Valle Rosas se la ha pasado evadiendo el tema y, en cambio, ha incrementado la publicidad que destaca los logros de su administración en las grandes cadenas de televisión nacional, TV Azteca y Televisa, incluyendo menciones especiales en la telenovela “El color de la pasión”, que la empresa de Emilio Azcárraga Jean graba en esa entidad.
Han pasado más de dos meses de descaro, en los que la administración de Moreno Valle incluso mintió e inventó culpables para no asumir su responsabilidad real y, por tanto, ahora está sumido en una profunda crisis de credibilidad.
Han pasado más de dos meses del ataque policiaco a los habitantes de Chalchihuapan y siete días desde que la CNDH ordenó al gobierno poblano emitir una disculpa pública para las víctimas y los familiares producto de los enfrentamientos del pasado 9 de julio, pero hasta ahora ésta no ha llegado.
En cambio, el Gobernador sí hizo caso a una de las 11 recomendaciones que le exigió la CNDH y creó la Fiscalía Especial para investigar el caso a detalle.
Pero, como si el fracaso de su estrategia de omisión no hubiera sido suficiente, alguien de sus brillantes colaboradores, o quizá él mismo, nombró ayer como titular de la misma a uno de los agentes del Ministerio Público que investigó el caso del “suicidio” de la abogada y activista Digna Ochoa y Plácido, quien el 19 de octubre de 2001 fue encontrada muerta en su despacho de la Ciudad de México, con un disparo en el lado izquierdo de la cabeza (cuando ella era diestra) y otro más en el muslo izquierdo.
José Antonio Pérez Bravo es el Fiscal al que Rafael Moreno Valle le ha confiado investigar, entre otros grandes detalles del operativo del 9 de julio pasado, el homicidio del menor Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Es el mismo funcionario que “fue parte del equipo auxiliar en el caso [de la activista] y está acusado por omisiones y de interferir en el proceso”, según confirmó a SinEmbargo el integrante del Comité Cerezo, Alejandro Cerezo, quien constató con la familia de la activista que, al menos entre los años 2005 y 2006, José Antonio Pérez fungió como el agente del Ministerio Público Auxiliar en el caso Digna Ochoa, cuando Víctor Carrancá Bourget, quien actualmente es titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla, era subprocurador de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
La familia de la activista lo acusó, además, porque dos meses después de la exhumación del cadáver de Digna, en 2005, el funcionario se convirtió en uno de los principales obstáculos para impedir por todos los medios el análisis de sus restos.
Por tanto, nuevamente, y a dos meses del operativo violento contra los habitantes de Chalchihuapan, el gobierno de Moreno Valle Rosas envía una señal negativa y que no hace sino ahondar la afrenta.
Más de dos meses de sumar errores, más de 60 días que, sin duda, le cobrarán las facturas más caras de su carrera al ex priista y luego aliancista, ex protegido de la “Maestra” Elba Esther Gordillo Morales y ex aspirante, en sueños, a la Presidencia de México.