Cualquier trayecto modernizador estaría condenado a fracasar o excluir de beneficios a la mayoría sin tener como último destino de viaje fortalecer los derechos humanos. Esta causa —como dice Gilles Lipovetsky— “es el auténtico código genético y axiomático moral de las democracias” para transformar sociedades en paz y atacar males como el abuso de poder o la corrupción. Las reformas constitucionales aprobadas con Peña Nieto carecerían de sentido si en su motivación no estuvieran los derechos humanos o se aplicarán contrarreformas de facto con nombramientos a modo en instituciones que protegen a las víctimas.
En las próximas semanas se lanzará la convocatoria para la renovación de la presidencia de la CNDH, que se hará en el Senado en noviembre, cuando concluye el periodo de cinco años del actual Ombudsman Raúl Plascencia. La decisión de ratificarlo o cambiar ocurre tras años de debilidad de las instituciones del Estado para proteger los derechos humanos y en una situación “crítica en materia de desaparición de personas”, como ha calificado la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
El paisaje de los últimos años de violencia, exclusión y persistencia de prácticas autoritarias en una sociedad con poca confianza en el acceso igualitario a la justicia, avalan diagnósticos como ése y otros llamados que, al menos, en el discurso, advierten de profundas heridas para la dignidad del país. Una de las más profundas son los desaparecidos y el trabajo de la CNDH. En reunión con senadores en mayo pasado, Plascencia informó que la institución tiene registro de 24 mil 800 desaparecidos desde 2005 a la fecha, de los cuales hay indicios de participación de funcionarios públicos en dos mil 610 casos. La cantidad de expedientes que apuntan a servidores del Estado se incrementó en los últimos 11 meses, pero las recomendaciones que dan cuenta de la desaparición forzada no pasan de 17 casos.
Para los gobiernos los derechos humanos es tema de gobernabilidad, pero no pueden darse el lujo de debilitar o domesticar instituciones de la atención a víctimas para controlar potenciales conflictos. Especialmente cuando predomina una brecha entre la ley y realidad, donde el acceso a la justicia es un bien escaso que, como en México, se negocia más que se garantiza por el Estado. En una sociedad poco acostumbrada a hacer exigibles sus derechos y que desconfía de reforma o institución alguna sirva realmente para proteger su dignidad. ¿Dónde comienza el cambio de actitud que demandó Peña Nieto en su pasado Informe de Gobierno? ¿Qué CNDH se necesita para la modernización del país, si por ésta se entiende algo más que infraestructura o inversión?
En la base de una democracia constitucional están los derechos humanos y, ante la crítica situación que enfrentan en México, necesitamos instituciones que se pongan del lado del más vulnerable y con menos recursos para proteger su dignidad. Ya sabemos que contar con marcos regulatorios de vanguardia, como la reciente reforma constitucional en derechos humanos, no es suficiente. Los responsables de las instituciones también son claves, pero si son obsecuentes con el poder o se recrean en aspiraciones legales o administrativas acaban por ser omisas con la realidad. Terminan por conducir burocracias omisas.
La actuación de la actual CNDH es cuestionada por el escándalo de las cifras de víctimas, pero también por ONG’s que la perciben lenta, cara y poco productiva. En los últimos cuatro años su presupuesto se incrementó más de 55%, pero las recomendaciones van a la baja y sus investigaciones pueden tardar hasta 18 meses en casos de graves violaciones a los derechos humanos. En cambio, denuncias por hostigamiento, por ejemplo como al abogado de la UNAM, Luis Raúl González Perez, dan lugar a medidas cautelares sorprendente ágiles y expeditas. ¿Cuántas de las 50 mil quejas en lo que va de este año han obtenido en semanas medidas como esa?
La CNDH tiene que ser una institución sólida e independiente para lograr confianza y arraigo social. Nada más lejano a este propósito que señalar que su titular usa la institución para golpear a otras, como acusó a Plascencia el rector de la UNAM, José Narro y mucho menos mantener largos silenciosos en casos como la muerte de un niño en un enfrentamiento entre policías y pobladores en Chalchihuapan, Puebla, mientras el gobernador de la entidad corteja a la institución o su titular recibe de sus manos doctorados honoris causa o devela bustos y cátedras con su nombre.
Si la realidad hablara, entonces, habrá llegado la hora de cambiar la CNDH.