Al menos 80 agentes de la Policía Ministerial fueron dados de baja por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por no aprobar los exámenes de control de confianza y se espera que este miércoles 50 Ministerios Públicos corran con la misma suerte.

Según trascendió, los ministeriales serán incorporados a tareas administrativas y después serán cesados definitivamente; los hechos ocurren después de que el lunes pasado el gobierno del estado reculara en su intención de despedir a 400 agentes de la Policía Estatal por los mismos motivos.

De acuerdo a lo publicado por el portal de noticas e-consulta, los policías ministeriales fueron citados a las 14:00 horas en el auditorio de la Procuraduría General de Justicia en el bulevar 5 de Mayo y 31 oriente, donde el director de la corporación, Juan Luis Galán Ruiz les informó que el lunes recibió la lista de los elementos que reprobaron el examen de control de confianza.

Durante la reunión, Galán se deslindó de las bajas y dijo que él no es responsable de establecer los parámetros de las evaluaciones, sino el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), por lo cual los despidos dependían exclusivamente del gobierno federal y no de la PGJ.

El jefe de la Policía Ministerial indicó que no se trataba de un recorte de personal, por lo que los 80 ministeriales sólo podrían realizar labores administrativas debido a que no se les consideraron con aptitudes para tareas operativas.

A los agentes se les emitió un documento de baja con los resultados emitidos por el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado,el cual reportó que no acreditaron el requisito de permanencia y por esa razón quedaban a disposición de la Dirección General Administrativa de la institución.

En un principio, los ministeriales se mostraron renuentes a firmar, por lo que el personal los amenazó diciéndoles que si no lo hacían, se les iniciaría un acta por abandono de trabajo. Así, los policías estuvieron retenidos durante varias horas y hasta la tarde noche, los últimos agentes salieron del edificio.

Aunque hasta el momento la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no ha emitido un informe oficial al respecto, trascendió que la estrategia de las autoridades es asignar a los elementos a distintas áreas de la dependencia y despedirlos 15 días después.