De abril a la fecha, el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas ha encarcelado a por lo menos siete mujeres en el estado de Puebla por manifestarse en contra del Poder Ejecutivo, al que han considerado la administración más represiva en décadas.
El grupo de presas son ciudadanas comunes, amas de casa, campesinas, comisariadas ejidales, luchadoras sociales y ex presidentes auxiliares.
Los factores comunes entre ellas son los procesos legales viciados, la carencia de pruebas que las inculpen, y el principal acusador es un empleado del gobierno estatal.
El caso más emblemático es el de la ex comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan y líder campesina Enedina Rosas Vélez, recluida desde el 7 de abril en el penal de Atlixco por negarle el derecho de vía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para la construcción de un gasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos.
Enedina no tomó sola esta decisión. El acuerdo fue resultado de una asamblea ejidal en Xonacayucan, donde los labriegos expusieron que el proyecto del gasoducto atenta contra la vida de las familias de la comunidad, asentada en las faldas del volcán Popocatépetl.
Rosas Vélez cuenta con 60 años de edad y desde hace 20 días se encuentra internada en el Hospital de Atlixco, debido a que padece la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), altera la respiración normal y es potencialmente mortal al ser comparada con la “tos crónica de un fumador”.
Organizaciones sociales y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” (ProDH) demandaron prisión preventiva domiciliaría a la mujer, por su estado de salud precario y por su senectud, como lo establece el Artículo 111 bis del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social.
De acuerdo con la causa penal 121/2014, a la campesina se le acusó de incurrir en los delitos de “robo calificado” de dos celulares a un empleado de la CFE, José Reyes Méndez, así como de obstrucción de obra pública.
El segundo caso fue una detención masiva a cuatro pobladoras de la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula, por exigir en una protesta social mejor servicio de los camiones alimentadores de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), conocido como metrobús.
Se trata de María Luisa Josefina Nava Nezahualcoyotl, de 64 años de edad; su hija María de los Ángeles Coyotl Nava, además de las hermanas Juana Macuil Coyotl y Angélica Macuil Coyotl.
Las últimas dos personas, Juana y Angélica, pagaron una fianza de 170 mil pesos cada una para obtener su libertad bajo caución, mientras que María Luisa y María de los Ángeles continúan internadas en el centro penitenciario de San Pedro Cholula por no contar con los recursos.
El hijo de María de los Ángeles y la familia de ambas mujeres se dedican a vender gelatinas y dulces para pagar las cuotas que exigen a las presas en el penal de Cholula, y también botean en la misa dominical de la iglesia de Cacalotepec para juntar el recurso que demandan para su liberación.
En este caso, donde además hubo cuatro varones detenidos, la Procuraduría General de Justicia informó que ejercitó acción penal contra las mujeres, a quienes se les acusó de daño en propiedad ajena, resistencia de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos y motín, como quedó asentado en la averiguación previa 421/2014/DMZS.
Policías estatales aseguraron que las cuatro mujeres interceptaron a tres camiones de la RUTA, como una medida de presión para que el gobierno cediera a la contratación de un mayor número de vehículos, pues las unidades tardan hasta una hora para ingresar a Cacalotepec.
Testigos de los hechos aclararon que el único delito que cometieron las féminas fue participar en la protesta portando cartulinas con consignas en contra del gobierno de Moreno Valle.
Por su parte, las hermanas Juana y Angélica –relataron– únicamente pasaban por el lugar de la manifestación en dirección al médico, pues la segunda padece del hígado.
De las cuatro, solo María de los Ángeles y su progenitora María Luisa Josefina Nava se encuentran todavía en reclusión.
Encarcelan a anciana por despojo de tierras
Otra de las presas del gobierno estatal, en su cuarto año de ejercicio, fue la luchadora social María Porfiria Jerónimo Flores Tlamintzi, de 70 años de edad.
A Porfiria se le acusó del despojo de tierras junto a su esposo Delfino Flores Melga, de 90 años de edad, quien murió este año en la mazmorra de San Miguel, en la ciudad de Puebla, por el mismo delito.
La anciana es líder de la agrupación Organización de Coordinación de Organizaciones Urbanas y Campesinas A.C., y fue detenida en pleno zócalo capitalino, cuando participaba en una protesta social, por la orden que liberaron dos años después los juzgados Sexto y Noveno de lo Penal.
La denuncia en contra de Porfiria la realizaron prestanombres del actual alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad, como declaró en su momento el abogado defensor de la mujer,
Según la averiguación previa número 355/2012/90 y 96/2012, a Flores Tlamitzi se le acusó de despojo de tierras, a pesar que ella junto a su compañero de vida fundó por lo menos una decena de colonias populares en Puebla.
Porfiria Flores recuperó su libertad un par de días después de su detención, luego del pago de una fianza de 150 mil pesos.
El séptimo caso documentado es el encarcelamiento de la ex presidente auxiliar de San Martín Zoquiapan, ubicado en el municipio de Santa María Coronango, Casilda Dávalos Pajarito.
La mujer de 59 años de edad fue detenida el pasado 21 de mayo, y remitida al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Pedro Cholula.
Trascendió que el gobierno municipal de Coronango la acusó de omisión por los hechos suscitados el 14 de febrero, durante un violento operativo en el decomiso de mototaxis que concluyó con la quema de una patrulla estatal.
Cadena de ayunos para exigir libertad
Ante lo expuesto, el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) informó que iniciará una cadena de ayuno prolongado a partir de este sábado 4 de octubre en el zócalo de la ciudad de Puebla, con relevos de 24 horas por cada uno de los participantes, hasta que sean liberadas en su totalidad las nueve féminas.
El acto se efectuará a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en memoria a las hermanas Mirabal, tres activistas políticas que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
Jiménez Ávila informó que será a partir de las 10 horas del sábado cuando se instalará el plantón en las inmediaciones del zócalo de Puebla para efectuar la cadena de ayunos, que no terminará hasta que sean liberadas.
En entrevista, destacó que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos.
“La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género; la violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha por la paz y la seguridad”, declaró al respecto.
Incluso aseveró que la violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global, pues según cifras oficiales hasta 70 por ciento de las féminas la padece.
Una revisión hemerográfica de los 30 años recientes, desde el sexenio del priista Mariano Piña Olaya hasta estos días, muestra que en las diferentes administraciones, encabezadas por este último, Manuel Bartlett, Melquiades Morales y Mario Marín Torres, la mayoría de los individuos que fueron reprimidos y confinados eran líderes políticos, sindicalistas, de organizaciones de vendedores ambulantes y movimientos sociales.
La indagatoria arrojó que el cuarto año de gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas ha sido el más crudo de lo que va del sexenio, pues se criminalizó la protesta social y la mayoría de las mujeres que han ido a parar a la cárcel por manifestarse en su contra son ciudadanas que pertenecen a sectores vulnerables, pues se trata de indígenas, campesinas y ancianas.
Una estimación hecha por organizaciones sociales del estado habla de unas 37 personas recluidas por ejercer sus derechos, de los cuales siete son mujeres.
Se estima que hay otras 10 en libertad condicional y otras tantas órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar. No se puede hablar de las que han sido detenidas en alguna protesta y luego puestos en libertad, porque superan el centenar.
La cifra de los presos sociales en Puebla es la mitad de los que estuvieron en la cárcel tres años por actuar en el mítico movimiento estudiantil de 1968.
Entre los reos poblanos no hay estudiantes: la inmensa mayoría son campesinos, indígenas y ancianos, quienes protestaron contra la supresión del servicio del registro civil en sus pueblos y la instalación del gasoducto en el Popocatépetl; que se opusieron a la brutal represión a los mototaxistas, a la cancelación de sus rutas de transporte público o están detenidos por resistirse a la expropiación de sus tierras.