Han pasado 13 días desde que el gobierno de Rafael Moreno Valle detuvo a 6 policías estatales, como responsables por la violación de derechos humanos en el operativo del pasado 9 de julio en Chalchihuapan, y hasta ahora la administración estatal mantiene ocultos los nombres de los elementos y el lugar en el que se encuentran recluidos.
La única información que se tiene de los uniformados es que están acusados de homicidio y tentativa de homicidio, y que entre ellos se encuentra el culpable de la muerte del niño José Luis Tlehuatle, según declaró el pasado lunes el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano.
De acuerdo con un boletín de prensa emitido por el gobierno de Puebla, el 17 de octubre fueron detenidos 6 policías estatales que participaron en el violento operativo que llevó a cabo la administración morenovallista para despejar la autopista Puebla-Atlixco, que mantenían bloqueada pobladores de Chalchihuapan para exigir que les devolvieran la operación del registro civil.
Según información oficial, la detención de los policías se llevó a cabo para cumplir con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que el pasado 11 de septiembre ordenó al gobierno de Puebla sancionar a los responsables de la muerte del niño José Luis Tlehuatle.
No obstante, la administración morenovallista mantiene oculta la identidad de los uniformados detenidos, el proceso penal que llevan a cabo y el reclusorio en el que se encuentran asegurados.
Tampoco hay señas de los familiares de los uniformados incriminados o de sus abogados, en contra de la detención.
El manejo de la información sobre la situación jurídica de los 6 elementos de la Policía Estatal es diferente al trato mediático que se ha dado a la situación de los ciudadanos detenidos en Chalchihuapan el 18 de octubre.
Los familiares y abogados no han cesado en la defensa de los pobladores detenidos. Dos de ellos salieron tras pagar una fianza de casi 100 mil pesos, pues eran acusados por los delitos de motín y obstrucción de las vías de comunicación; mientras que 3 más permanecen presos pues además enfrentan cargos por tentativa de homicidio en contra de los policías que participaron en el operativo.
El 9 de julio el gobierno de Puebla desplegó un violento operativo en Chalchihuapan para despejar a los pobladores que bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco. Los policías utilizaron proyectiles de gas contra los pobladores, lo que provocó 9 lesionados, el más crítico fue el niño de 13 años, José Luis Tlehuatle, quien murió por el impacto de uno de los proyectiles en la cabeza.
El 11 de septiembre la CNDH emitió once recomendaciones en contra del gobierno de Moreno Valle, al considerad que hubieron graves violaciones de derechos humanos en contra de los pobladores. Entre las recomendaciones se encontraba la de sancionar a los responsables por la muerte del menor.
Por esa razón, el 17 de octubre el gobierno de Puebla detuvo a 6 policías estatales, sin embargo del proceso sólo se conoce los delitos por los que fueron acusados.