El 30 de septiembre de 2014 arrancaba en México el llamado “Foro Forbes”, organizado por una de las revistas de negocios más importantes a nivel mundial. El hecho podría parecer intrascendente, salvo por un hecho: un columnista dijo ante el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, que si ese evento se hubiera organizado tres semanas antes “el panorama de México habría sido diferente”.
El país estaba inmerso en el escándalo por la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y aún se encontraba presente en la memoria la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, a manos de elementos del Ejército. Para la comunidad internacional y de negocios no pasó desapercibido que la “luna de miel” entre el Presidente Enrique Peña Nieto y sus ciudadanos había terminado pronto, en apenas 21 meses de gobierno.
Los reclamos por estos dos hechos despertaron reacciones a nivel internacional y fueron el inicio de una serie de movilizaciones tanto en México como en otros países para demandar justicia.
A estos hechos siguieron una serie de sucesos que involucran a funcionarios públicos y contratistas del gobierno, en los que a juicio de expertos, activistas, ciudadanos y prensa extranjera quedaron de manifiesto tres conductas recurrentes durante la Presidencia de Peña Nieto: las mentiras, la negación y la opacidad.
A tal grado que esta semana que hoy termina, la publicación británica The Economist destacó que el intercambio de favores entre contratistas del gobierno, por un lado, y el Presidente Enrique Peña Nieto y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por el otro, “es inaceptable en una democracia moderna”.
“El principal beneficiario del cinismo que está engendrando el Presidente puede ser Andrés Manuel López Obrador”, presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a quien el semanario califica como “un populista mesiánico que ha estado dos veces a punto de ganar la presidencia”. “México merece algo mejor”, afirmó el influyente semanario londinense.
Con el título “El pantano mexicano” y un subtítulo que reza: “El Presidente no entiende que no entiende”, la publicación destacó la falta de responsabilidad política de Peña Nieto y su gabinete ante temas como la inseguridad, la fallida licitación de un tren entre la ciudad de México y Querétaro o el conflicto de intereses por la compra de casas a contratistas del gobierno, financiadas por los propios contratistas.
1.TLATLAYA: MENTIRA
El 1 de julio se dio a conocer la muerte de 22 jóvenes en un enfrentamiento entre el Ejército y una presuntos elementos de una banda de la delincuencia organizada, ocurrido en Tlatlaya, en el sur del Estado de México.
La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) anunció mediante un comunicado que los militares realizaban un operativo de vigilancia en la comunidad de Ancón de los Curieles cuando aproximadamente a las 5:30 horas los elementos castrenses fueron agredidos por parte de un grupo armado que se encontraba en una bodega. Los miembros del Ejército respondieron el ataque y posteriormente informaron que 22 personas de las que abrieron fuego en su contra, entre las que se encontraba una mujer, fallecieron en el ataque.
Versión que fue refrendada por el Gobernador del Estado de México, el priista Eruviel Ávila Villegas, quien reconoció las acciones del Ejército por liberar a las tres personas secuestradas y aseguró que los militares habían actuado en “legítima defensa” al abatir a los presuntos delincuentes.
Sin embargo, días después, trabajos de la agencia estadounidense de noticias Associated Press (AP) y de la revista Esquire México, cuestionaron en reportajes si realmente había sido un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes, o si en realidad se trató de un ataque perpetrado únicamente por elementos castrenses.
Ambos medios de comunicación citaron a un testigo cuya identidad no fue revelada, ya que los residentes se negaban a hablar sobre la bodega donde se realizó la ejecución porque aseguraron que era el supuesto lugar de “extorsión y secuestro” por parte de la policía.
Según una de las testigos, a la que la revista identificó como “Julia”, antes del amanecer del 30 de junio, se escucharon en el lugar disparos durante aproximadamente dos horas.
La publicación sugiere que los soldados estuvieron disparando a las personas “atrincheradas” dentro de la bodega, lo cual cuestiona si los sospechosos fallecieron en el supuesto enfrentamiento que reportaron desde un principio, o después que terminara. Los periodistas señalaron que había muy poca evidencia de que alguna confrontación hubiera tenido lugar ahí.
“Julia” relató que una joven que se encontraba en el grupo, Érika Gómez González, de 15 años, recibió un balazo en la pierna y quedó tirada en el suelo. La testigo afirmó que minutos más tarde los soldados la remataron: “La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon de este lado y lo mataron, después se pusieron los guantes y lo volvieron a acomodar como estaba. Se pusieron guantes para agarrarlo. Lo pararon y lo mataron. Con ella hicieron lo mismo. A ella no la pararon porque no podía caminar”.
Cuando le hirieron en la pierna, continúa “Julia”, Érika cayó boca abajo. La testigo dice que trató de ayudarla pero los militares se lo impidieron. En vez de eso la voltearon y le dispararon en el pecho.
La primera acción por parte de las autoridades estatales fue negar los hechos y reservar toda la información sobre el tema.
El Gobernador Ávila Villegas dijo que su administración sólo proporcionaría a las instituciones que investigaban el caso, mientras que el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, cuestionó por qué o quién obligó al mandatario a manejar la versión oficial que señalaba “un enfrentamiento”.
Vivanco calificó de “lamentable” la actitud del mandatario. También dijo que es increíble incluso la nueva versión oficial: “Es difícil creer que tres soldados, actuando por cuenta propia, se encargaron de ejecutar a 22 personas, a vista y presencia de superiores jerárquicos”.
Ante el reclamo de la sociedad civil, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría Militar reconocieron que varios militares dispararon a mansalva contra civiles, presuntamente delincuentes, que nunca fueron juzgados. Fue una ejecución sumaria y el Presidente Enrique Peña Nieto indicó que Sedena y la PGR realizaría una investigación conjunta y exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes en el caso Tlataya.
El 2 de noviembre del año pasado, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México consignó a siete elementos del Ejército Mexicano por su presunta implicación en el caso Tlatlaya.