La iniciativa de ley de austeridad republicana, que propuso la banca de Morena, tiene como objetivo “reducir de manera sostenida el costo de la administración pública”.
Subraya que “hay que tener en cuenta que desde el año 2000, prácticamente se duplicó el monto del presupuesto público federal en México. En estos años, el gasto gubernamental ha crecido a tasas reales de alrededor de 4 por ciento anual, un ritmo mucho más acelerado de lo que creció la propia economía”.
Anticipa que “ante el escenario internacional adverso y en ausencia de instituciones económicas sólidas, para 2016 es inminente un recorte del gasto público con respecto al presupuesto de 2015″.
Apunta que “para no afectar la calidad de vida de los mexicanos, la disminución de los recursos presupuestales tiene que enfocarse en el gasto corriente no prioritario para la administración pública. No se deben afectar los programas sociales y los servicios públicos y tampoco podemos reducir la inversión en infraestructura, que es la que puede ayudar a impulsar la economía nacional. Asimismo, no es posible incrementar los impuestos en un contexto de estancamiento económico”.
La iniciativa indica “que es posible recortar gastos como, por ejemplo, el oneroso contrato del avión presidencial. También se pueden reducir las compras de vehículos terrestres y aéreos para el personal administrativo del gobierno. Haciendo caso a un reclamo de la sociedad, es posible y necesario ajustar los salarios de los altos funcionarios, así como eliminar prestaciones como el del seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizada, los gastos de representación y las pensiones de los ex presidentes”.
“También se pueden reducir a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos, las subvenciones a los grupos parlamentarios y las prebendas de los altos funcionarios del Poder Judicial. Algo que es particularmente urgente, es el ajuste en el gasto de comunicación social. Sólo en 2014, el total ejercido fue de 7 mil millones de pesos, 5 mil millones de pesos más de lo aprobado por la Cámara de Diputados”, abunda.
Si se concreta su propuesta, asegura el partido, “sería posible obtener un ahorro del gasto de alrededor de 450 mil millones de pesos, todos ellos en renglones del gasto corriente distintos a los programas de apoyo social. Dicho ajuste obligaría a una racionalización de los rubros de gasto no prioritarios y permitiría mantener los niveles de inversión pública proyectados para 2016 e incluso incrementarlos”.
En cuestión de salarios, propone que el salario del Presidente de la República -fijado como el “salario máximo”- sea de 85 salarios mínimos por día, es decir, más de 178 mil pesos mensuales. Actualmente, el mandatario federal gana poco más de 234 mil pesos mensuales.
Expone que “se establecerá un tabulador único para los servidores públicos federales que tendrá como tope máximo el ingreso bruto del ejecutivo federal que será de 85 salarios mínimos. Los ingresos de plazas correspondientes a nivel de Secretarios de Estado, subsecretarios, director general, director de área y homólogos, en los tres poderes de la Unión, en los órganos constitucionales autónomos y en el resto de las autoridades federales de la república, independientemente de su naturaleza jurídica, se ajustarán de manera progresiva abajo de ese tope”.
“Al aplicar esta medida, las retribuciones o remuneraciones de los funcionarios públicos de menor responsabilidad se ajustarán de manera progresiva desde el nivel más bajo hasta los nuevos topes máximos, reduciendo los tramos entre unos y otros, disminuyendo la desigualdad de ingresos entre los funcionarios públicos”, explica.
Aquí la iniciativa íntegra: