Al concluir su visita in loco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)informó las observaciones preliminares dirigidas al Estado mexicano ante la “grave crisis de derechos humanos” que se vive en el país debido a una “situación extrema de inseguridad y violencia” con “una impunidad estructural”.
Luego de entrevistarse con organizaciones sociales, víctimas y funcionarios, loscomisionados de la CIDH constataron en “terreno” que en México ocurren “graves violaciones a derechos humanos”, como lo son las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, además de una atención “inadecuada e insuficiente” a las víctimas y familiares.
El informe de observaciones preliminares presentado este 2 de octubre en conferencia de prensa, sostiene que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa forma parte de un problema “generalizado” y no de un hecho aislado, toda vez que en Iguala se encontraron los cuerpos de 129 personas en fosas clandestinas y hay 450 personas desaparecidas desde 2008.
Por ello, respaldaron el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la revisión a las investigaciones hechas por la Procuraduría General de la República (PGR) respecto al caso.
En México, dijo la presidenta de la CIDH, existen “graves deficiencias” en las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes.
Otra preocupación para el organismo internacional son las ejecuciones extrajudiciales y en Tlatlaya, Estado de México, los indicios sugieren que se trató de este delito, por lo que “debe haber una investigación debida”, aseguró el comisionado James Cavallaro.
Sobre la petición de organizaciones sociales para crear una Comisión Internacional contra la Impunidad, el relator sobre migración, Felipe González, advirtió que la CIDH “no está para derogar a gobiernos, sino para hacer recomendaciones” y, en todo caso, la participación del GIEI puede sentar un precedente del papel “subsidiario” del sistema internacional.
Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH, advirtió que esta propuesta “ya está en el debate”, sin embargo, la facultad para aceptar un mecanismo de investigación externo corresponde al Ejecutivo y Legislativo y no a la Comisión.
Familiares de víctimas de desaparecidos que asistieron a la presentación, afirmaron que la CIDH representa una “esperanza” ante la ineficacia del gobierno mexicano para atender sus casos.
Lucía de los Ángeles Díaz, quien busca a su hijo, Luis Guillermo Lagunes desaparecido en Veracruz, aseguró que la intervención de la Comisión Interamericana “es uno de los poquitos focos que tenemos de luz porque en México no camina la justicia ni investigación. Aquí hay atraso, impunidad, colusión”.
Aunque la Comisión reconoció los avances legislativos para el respeto a los derechos humanos, dejó en claro que “una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una ‘simulación’”.
Otro elemento que agrava la situación es la violencia y los pagos millonarios para corromper funcionarios por parte de grupos del crimen organizado, quienes manejan tráfico ilícito de drogas, armas y migrantes, así como redes de secuestro y extorsión, y utilizan el reclutamiento involuntario de personas.
Si bien la violencia se da en gran parte del país, afecta más a estados fronterizos con Estados Unidos —Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas— y las principales zonas de tránsito de migrantes —el Istmo de Tehuantepec y los corredores migratorios de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz y Tamaulipas—.
Estas son las recomendaciones:
Sobre la militarización de la seguridad ciudadana, es indispensable que el Gobierno federal presente un plan concreto y por escrito sobre el retiro gradual de estas tareas, que por su naturaleza corresponden a la policía civil.
Adoptar medidas a fin de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes de Iguala, así como adoptar medidas especiales de protección y atención para los familiares de “Los Otros Desaparecidos” de Guerrero.
Sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa:
Reorientar el curso de la investigación. Pasar la responsabilidad de la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Designar, en consulta con el GIEI, un nuevo Fiscal Especial a cargo de la investigación. Entrevistar a todos los testigos, incluyendo los integrantes del 27 Batallón del Ejército.
Revisar la Ley General de Víctimas y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y estatal, en consulta con organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas para una efectiva implementación.
Adoptar una Ley Nacional sobre Desaparición y Desaparición Forzada y una Ley Nacional sobre Tortura. Para ello, adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal, la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia.
Establecer lineamientos de aplicación federal y estatal sobre la recopilación de estadísticas uniformes en graves violaciones a los derechos humanos. En particular, el Estado debe mejorar el sistema de recopilación de información de forma desagregada, con una metodología consistente y transparente.
Fortalecer el mecanismo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, garantizando su sostenibilidad económica en el largo plazo y dotándolo de mayor autonomía administrativa y exhortando a las entidades federativas a colaborar con el mismo.