La falta de justicia ante ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas en Guerrero se debe principalmente a que el sistema de justicia ha sido influenciado por un Poder Ejecutivo “autoritario” y sin contrapesos y a que la policía, encargada de investigar y perseguir los delitos, está “profundamente implicada en la perpetración de atrocidades”.
A esa conclusión llegaron los investigadores nacionales e internacionales de la Open Society Justice Initiative, parte de la Open Society Foundations, en su informe Justicia fallida en el estado de Guerrero, elaborado conjuntamente con los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan y presentado este martes.
El documento -resultado de más de dos años de investigación- cuestiona la falta de justicia frente a los mencionados delitos, que califica como “atrocidades”, en una entidad que figura entre las de mayores tasas de homicidios, con 19 mil 434 asesinatos entre 2005 y 2014 y en la que en septiembre pasado fueron desaparecidos forzadamente 43 normalistas en un mismo evento.
Al señalar como principal causa de estas “atrocidades” un asunto político, la Justice Initiative se refiere no sólo al autoritarismo del poder ejecutivo, sino también a que la investigación de los delitos está en manos de una policía penetrada por la criminalidad y una procuraduría que actúa como “un mero apéndice del poder ejecutivo […] más interesada en ignorar las denuncias de atrocidades que en investigarlas”, y que el Congreso estatal omite actuar como contrapeso del poder ejecutivo.
Pero apunta que a esa causa política se suman otras deficiencias y limitaciones, como la falta de preparación de la policía para investigar y perseguir los delitos y un marco legal insuficiente (específicamente para casos de tortura).
En ese contexto, concluye, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el subsecuente mal manejo de la investigación del hecho no resulta sorpresiva. Por el contrario, lo que ocurrió ese día puso de manifiesto el clima de violencia arraigado en Guerrero, y las “fallidas” investigaciones posteriores se ajustan a los patrones, prácticas e incentivos establecidos desde tiempo atrás en la entidad y reflejan el “fracaso” de las autoridades estatales para reaccionar de forma creíble y eficiente al caso.
Y no sólo las autoridades estatales. “Con múltiples deficiencias para la investigación de atrocidades en su propio sistema de justicia, el Gobierno federal también ha fracasado en actuar como mecanismo de control eficaz en la espiral de violencia e impunidad que prevalece en el estado”, señala el documento.
Para los investigadores de la Justice Initiative, en parte el caso de los normalistas de Ayotzinapa trascendió porque desmintió tajantemente la narrativa que el gobierno había tratado de sostener de que las víctimas de la violencia eran delincuentes y significaban una señal de éxito de la estrategia implementada por Felipe Calderón. Por el contrario, apuntaron, ese caso sólo reflejó una situación generalizada de “pervertidas prácticas que resultan del tráfico de drogas, la militarización, la pobreza, la ilegalidad y la corrupción en Guerrero”.
En una entrevista con la agencia de noticias Efe, el director ejecutivo de Iniciativa de Justicia de la Fundación la Sociedad Abierta, James Goldston, dijo que el estado de Guerrero es “un ejemplo extremo de las fallas del sistema de justicia” en México y que como resultado de la violencia masiva e impunidad que está experimentando “el pueblo no tiene fe en el sistema de justicia”.