Apenas regresó de vacaciones, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera se encontró con una realidad inocultable: que la Ciudad de México no es tan segura como presume.
En la delegación Benito Juárez, la misma donde vive el mandatario capitalino, el pasado 31 de julio cinco personas –un varón y cuatro mujeres– fueron torturadas y maniatadas. Al menos dos de ellas fueron, además, abusadas sexualmente.
Lo peor: todas tenían el tiro de gracia.
Los hechos ocurrieron al interior de un departamento de la colonia Narvarte, una de las 10 más conflictivas por robo a transeúnte, a casa-habitación y de autopartes, según datos del propio GDF.
Entre las víctimas se encontraban el fotoperiodista y colaborador de Proceso, Rubén Espinosa, la antropóloga Nadia Vera y la estudiante Yesenia Quiroz Alfaro, así como una colombiana y una trabajadora doméstica. Los agresores están prófugos.
Tres días después del crimen, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó esta noche que el vehículo Ford Mustang rojo modelo 2006, placas 486VRN, en el que se presume huyeron los agresores, fue localizado en calles de la delegación Coyoacán.
Además, la Unidad de la Policía Cibernética constató que el equipo de videovigilancia instalado en el edificio donde se cometió el multihomicidio estaba averiado, por lo que no existe ningún material fílmico relacionado con los hechos.
Horas antes de difundirse esos avances, serio y con el labio un poco tembloroso, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera se refirió al multihomicidio:
“A todos nos indigna este crimen, este homicidio, y también los feminicidios que ahí se cometieron. He dado instrucciones precisas al procurador para que no se escatimen los esfuerzos a fin de dar con los responsables de este múltiple homicidio. Ninguna, ninguna línea debe descartarse, absolutamente ninguna”.
En conferencia de prensa, sin el acompañamiento de su amigo, el procurador Rodolfo Ríos, alrededor de la una de la tarde Mancera repitió lo que ha dicho sobre otros crímenes:
“Desde el gobierno de la Ciudad de México, nosotros reiteramos que no debe haber impunidad y que no habrá impunidad en este asunto, dando garantía, pues, de seguimiento puntual a todas las líneas de investigación. Reitero: ninguna línea de investigación está descartada ni se descartará. Vamos a agotar todas las que pudiéramos tener… Se debe dar con los responsables, sea quien fuere”.
Sin cambiar el tono, añadió que dio “instrucciones precisas” para que “a la brevedad” se solicite información a autoridades de otros estados y del gobierno federal que pueda servir y coadyuvar a la indagatoria.
A propósito de la línea de investigación sobre las amenazas que Rubén Espinosa había recibido directamente del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por su trabajo periodístico –como él mismo lo declaró–, el exprocurador capitalino dijo: “Sabemos que hay una relación directa de este tema con el estado de Veracruz”.
–¿Ha tenido algún contacto con el gobernador de esta entidad? –se le preguntó.
–No he tenido ninguna comunicación con el gobernador de Veracruz –respondió.
DF ya no es refugio seguro
La noticia del asesinato del fotoperiodista, colaborador de Proceso y Cuartoscuro, Rubén Espinosa, pronto dio la vuelta al mundo. Las ediciones digitales de El País, The Guardian, Spiegel, Los Angeles Times, The New York Times, CNN, Univisión, la BBC de Londres, Al Jazeera, El Mundo y las agencias Reuters y The Associated Press, mencionaron en sus líneas un mismo enfoque: El DF ya no es garantía de refugio para periodistas amenazados en otros estados del país.
Según la organización internacional Artículo 19, el asesinato de Rubén Espinosa es el primero que ocurre en el DF contra un periodista que huye de un estado por las amenazas recibidas por su labor periodística y busca refugio en la capital.
Ayer, en una manifestación en el Ángel de la Independencia, cientos de reporteros y fotógrafos repudiaron el crimen de Rubén Espinosa y de las cuatro mujeres, y exigieron al jefe de Gobierno la aplicación de la justicia en el caso.
En un comunicado, lamentaron que el DF ya no ofrezca garantías de refugio a periodistas amenazados de otros estados del país.
Hoy Mancera Espinosa se defendió: “Yo quisiera reiterar toda nuestra disposición, todo nuestro compromiso para cualquier periodista, para cualquier integrante del gremio, hombre o mujer, que requiera del cuidado, protección o intervención del gobierno de la Ciudad de México, no solamente en temas de seguridad, sino en otros muchos temas se da y se dará en este mismo sentido.
“Y nosotros, claro que tenemos la obligación de resolver este asunto. Este asunto sucede en la Ciudad de México, indigna a los capitalinos, indigna a la gente de la capital y por supuesto también al gobierno de la Ciudad de México. Entonces, nosotros tenemos que dar el resultado resolviéndolo lo antes posible”.
El pasado 8 de julio, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, con el propósito de dar garantías legales a los reporteros de la ciudad.
Sin embargo, hasta ahora no se ha publicado porque “está en los refrendos” por parte de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a cargo de Manuel Granados, expresidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF antes de asumir el cargo en esta dependencia.
“Nosotros estaremos publicando ya a la brevedad esta ley”, justificó Mancera.