“Aunque el número de periodistas muertos cada año no es tan elevado como en zonas de guerra tales como Siria e Iraq, estas regiones, que casi pertenecen a la categoría de zonas de conflicto, son mucho más peligrosas que otras más estables. México y Pakistán reiteradamente ocupan los primeros puestos en el Índice de la Impunidad anual del CPJ, que calcula el número de casos de asesinato de periodistas sin resolver y lo expresa como porcentaje de la población de cada país”, refiere el análisis de la organización independiente y sin fines de lucros con sede en la ciudad de Nueva York.
Menciona que las fuerzas gubernamentales y los grupos de radicales islamistas en Pakistán, y los carteles del narcotráfico y los funcionarios corruptos en México, han intimidado a la prensa libre y se han convertido en árbitros de lo que la prensa puede decir y, por tanto, de lo que la sociedad puede saber.
“Es común que los periodistas reciban amenazas para que no informen sobre ciertos asuntos –o que se les ordene que transmitan ciertos puntos de vista–, o de lo contrario ellos o sus familiares sufrirán represalias. Y cada vez que se amenaza, agrede o asesina con impunidad a un periodista, se transmite y se refuerza un mensaje de intimidación”, refiere el también periodista Daniel DeFraia.
DeFraia realizó distintas entrevistas entre octubre de 2013 y mayo de 2014 a periodistas mexicanos y pakistaníes, profesionales de la salud mental, investigadores y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, quienes llegaron al consenso de que los periodistas de estos países afrontan una singular gama de amenazas y de posibles respuestas ante ellas. “Algunos periodistas entrevistados temían ser objeto de represalias violentas y solicitaron el anonimato”, refirió.
Ricardo González, responsable de protección global de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 dijo a Daniel DeFraia que “una amenaza conlleva un impacto emocional tan poderoso para un periodista y sus colegas [...]. Tenemos que decir que este tipo de intimidación también afectará al círculo más íntimo de familiares, amigos y colegas”.
El análisis refiere que cuando reciben una amenaza, los periodistas reciben un apoyo inadecuado por parte de indiferentes ejecutivos en los medios donde trabajan y por parte del gobierno, “respecto al cual con frecuencia sienten temor y desconfianza”. Dice que aunque la mayoría de las noticias sobre los ataques contra la prensa en todo el mundo se centra en periodistas extranjeros o con buenas conexiones, nueve de cada 10 periodistas muertos son periodistas locales que cubrían noticias locales.
“Los periodistas mexicanos y pakistaníes que cumplen con su labor informativa en un contexto de violencia endémica en sus países de origen no pueden tomar el próximo vuelo de regreso a casa para procurar fácilmente descanso o seguridad”, escribe DeFraia.
Y agrega: “En el norte de México, la violencia relacionada con el narcotráfico es común, al igual que las amenazas a los familiares cercanos. En Chihuahua, en agosto de 2012, sujetos armados secuestraron y torturaron al periodista Luis Cardona. Antes de dejarlo le dieron un mensaje, sostiene el periodista: ‘La sentencia de ellos fue que yo no podía regresar a mi hogar, pues de lo contrario me matarían a mí o a mi familia’.
Cardona dijo al Comité: ”Estoy en esto por una vocación que tengo y conozco los riesgos”. En el mismo sentido un periodista de la convulsa provincia pakistaní de Beluchistán comentó: “He aceptado estas amenazas como parte de mi existencia”.
El CPJ menciona en su análisis el asesinato de Armando Rodríguez Carreón, reportero de sucesos de El Diario de Juárez, ocurrido el 13 de noviembre de 2008. Los periodistas de Chihuahua y sus familias sintieron profundamente el impacto del ataque, según Jeannine Relly y Celeste González de Bustamante, dos profesoras de Periodismo de la Universidad de Arizona.
Durante la investigación de campo que Relly y de Bustamante efectuaron en 2011, un periodista de Chihuahua les indicó:
“No puedo llevar [a mi hija] al cine [...] ni dejarla ir a una fiesta en casa de alguien, porque, no, no puedo dejar que lo haga. Por ello nosotros mismos como padres hemos sido de los que encierran a sus hijos, porque tenemos que protegerlos, ¿no? Y esta generación, los pobres, han sufrido suficiente”.
De acuerdo con el reporte otro factor que contribuye al estrés provocado por los ataques deliberados contra colegas y por las amenazas directas contra los periodistas y sus familiares, es que los periodistas en zonas que casi entran en la categoría de zonas de conflicto habitualmente deben informar sobre la violencia en general, y corren el riesgo de quedar atrapados en esa violencia.
DeFraia dice que los periodistas e investigadores tanto de Pakistán como de México con frecuencia indicaron que los gerentes desestimaban el sufrimiento emocional de sus empleados. “Debo decir que, salvo algunas excepciones, las empresas de comunicación típicamente adoptan una actitud indiferente cuando afrontan este problema”, declaró Rogelio Flores, un investigador periodístico del trauma perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México.
En su estudio de 2011 sobre los periodistas mexicanos que cubren las guerras entre narcotraficantes, Flores informó que muchos habían mostrado síntomas de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático.
El reporte también refiere del estudio publicado en 2012, por el Doctor Anthony Feinstein, un líder en el campo de periodismo y trauma, el cual indicaba que los periodistas mexicanos que cubren noticias relacionadas con el narcotráfico mostraban síntomas de sufrimiento sicológico similar a los observados en los corresponsales de guerra.
No obstante, muchas empresas de medios no asumen la responsabilidad por sus empleados, dijo Flores a DeFraia.
“Conozco casos en los que, en lugar de preocuparse por el problema de salud mental de un periodista que surgió por el trabajo, las empresas de medios los despiden”, añadió. Otras fuentes entrevistadas por el integrante del CPJ, en México y en Pakistán, le dijeron observaciones similares.
Sherry Ricchiardi, periodista y profesora estadounidense, dijo que había conversado con cientos de periodistas locales, en parte como capacitadora del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés), organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de la calidad en los medios.
En lo referente a la atención sicológica, sostuvo Ricchiardi, “Nadie los está ayudando, salvo ellos mismos”.
Retoma el caso de Javier Garza Ramos, quien era el subdirector de El Siglo de Torreón en la época en que su sede fue atacada con fusiles automáticos AK-47 y algunos de sus empleados fueron víctima de secuestro.
Le ofreció a un periodista licencia con sueldo para que se “relajara”. A otro reportero lo asignó a una fuente diferente. Además se ofreció a coordinarles sesiones de terapia a colegas traumatizados, aunque la mayoría simplemente contestó: “OK, gracias, lo tendré en cuenta”.
“Cuando sufrimos los ataques, la redacción de veras se unió”, indicó Garza Ramos. “Tratamos de tomar medidas para que todos pudiéramos cuidarnos los unos a los otros”, aunque el periódico no pudiera garantizar la seguridad de nadie.
EN MÉXICO SE TOMA ALCOHOL
El Comité se pregunta ¿Qué pasa cuando la empresa les falla a los empleados en cuanto a seguridad? y menciona que en México la organización Artículo 19 formó una alianza con Vinland Solutions, una organización privada de apoyo y capacitación sicológicos, y su propietaria, Ana María Zellhuber, para ofrecerles terapias a los periodistas.
Sin embargo, el programa ha estado disponible desde hace siete años, pero la respuesta ha sido irregular porque para algunos periodistas la atención sicológica es un tabú cultural. “En México, el modo verdadero como lo abordamos es tomando alcohol”, aseguró Zellhuber. “Así es como ellos lidian con el problema, evitándolo”.
“Aunque el gobierno mexicano proporciona asistencia, inclusive apoyo sicológico, a las víctimas de la violencia, Zellhuber señaló que ese programa –conocido en sus inicios como PROVÍCTIMA pero sustituido en 2014 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas– ha tenido éxito limitado porque los periodistas en general no confían en el gobierno”.
Finalmente, el Comité afirma que en la realidad, la mayoría de los periodistas amenazados de México y Pakistán no pueden abandonar sus hogares u optan por no hacerlo. “Ellos continúan informando, pese a la imperante cultura de impunidad”.