A ocho días de que se interpuso una denuncia penal contra el gobierno del estado por despojar al señor Claudio Rosas de sus tierras, bajo el pretexto de utilidad pública para el paso del gasoducto Morelos, es la fecha en que el agente del Ministerio Público del fuero común de San Pedro Cholula no se ha presentado a realizar la indagatoria de rigor en San Miguel Papaxtla.
Así lo denunció el Comité Ciudadano en Defensa del Territorio, la Vida y el Agua de San Buenaventura Nealtican. Esto ocurrió a pesar de que se cuenta con un amparo para frenar temporalmente las obras en zona de alto riesgo volcánico.
Selene Santamaría, presidente de la asociación civil, dijo que la denuncia se interpuso ante el Ministerio Público de Cholula, donde les recibieron la queja pero no han enviado a ningún agente para indagar el hecho.
Pedimos que vinieran a dar fe de los hechos, pero nadie ha realizado desde entonces la inspección ministerial”, destacó en entrevista.
Incluso señaló que en los Juzgados de Cholula les respondieron que más o menos el día 13 de marzo estarían enviando a alguien a Papaxtla, debido a la sobrecarga de trabajo.
Por esta y otras razones, declaró que se interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para engrosar el expediente sobre las violaciones a sus garantías individuales en la construcción del gasoducto.
En ese sentido, señaló que los pueblos de la zona del volcán Popocatépetl seguirán insistiendo hasta que la autoridad encargada de impartir justicia se presente en las tierras de la comunidad de Papaxtla, donde se despojó al señor Claudio Rosas.
Selene Santamaría informó que los trabajos en el predio de la familia Rosas se desarrollaron durante el sábado 21 de febrero y concluyeron en las primeras horas del día siguiente.
La gente de la empresa a cargo de la obra trabajó todo el día, después de excavar introdujeron la tubería y la taparon; ahora sabemos que irán al siguiente predio”, precisó.
En otro tema, expuso que también se interpuso una queja ante la CNDH de la familia que fue agredida por un comando armado en Nealtican, y que coincidentemente son los opositores al gasoducto.
La información es reservada a petición de la familia que fue agredida, pero manejaremos otro procedimiento legal en su apoyo”, señaló al respecto.
El sábado 21 de febrero ingresó un fuerte operativo encabezado por el Ejército Mexicano y la Policía Federal a terrenos agrícolas de la comunidad náhuatl de San Miguel Papaxtla, para iniciar por la fuerza la instalación de la obra.
El convoy estuvo conformado por tres camionetas pick up con 20 militares abordo; cinco camionetas con 30 policías federales y el acompañamiento de 30 policías estatales más para entrar a una hectárea de terreno.
El predio es propiedad de don Claudio Rosas Grande desde hace 14 años, sin embargo, personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la empresa italiana Bonatti Spa, a cargo de la ejecución de los trabajos, presentaron una orden de expropiación de las tierras que viene a nombre de Micaela Rosas Cielo.
Representantes de la paraestatal, con el respaldo de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del estado (SGG), arguyeron que la supuesta dueña es Micaela Rosas es de las tierras, quien falleció hace tres lustros.
Al ver tal situación, don Claudio Rosas Grande pidió el auxilio de los vecinos de la región, y al llamado acudieron habitantes de Nealtican, Papaxtla y Tecuanipan, para documentar el hecho con fotografías y videos tomados desde teléfonos celulares, sin el afán de parar las máquinas.
Desde entonces, el propietario de las tierras no ha tenido una respuesta al despojo de su propiedad.