El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas tiene “una clara estrategia para eliminar a todos aquellos que se oponen a sus políticas, recurriendo a la intimidación, al hostigamiento, a la represión y al encarcelamiento”, acusó el senador Alejandro Encinas Rodríguez, quien exigió que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Rubén Sarabia Sánchez, “Simitrio”, el más reciente de los 46 presos políticos de la entidad.

En un comunicado y tras condenar “la acción sistemática que ha utilizado Moreno Valle para sofocar cualquier acción que ponga en entredicho el ejercicio de gobierno”, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal demandó que en el caso del dirigente de la organización de comerciantes “28 de octubre”, “se aplique el Protocolo de Estambul y que los resultados de la investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.

El Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, conocido como el Protocolo de Estambul, es el primer conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias y fue adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2000.

Su propósito es el servir como una guía internacional para la evaluación de las personas que han sido torturadas, para investigar casos de posible tortura y para reportar los hallazgos a la justicia o a las agencias investigadoras.

Criminalización

Encinas condenó que el mandatario poblano “criminalice” a los luchadores sociales y a los pueblos indígenas que se han opuesto a sus medidas represoras.

Consideró que el mandatario poblano ejecuta un mecanismo de imposición en la que sólo caben las represalias y las detenciones ilegales, como –ejemplificó– en los casos de Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores Solís por su oposición al gasoducto Morelos.

Encinas criticó severamente que el marco normativo mexicano permita violaciones graves a las garantías humanitarias, pues favorecen que las autoridades cometan detenciones sin justificación alguna de manera recurrente.

Afirmó que las detenciones arbitrarias son contrarias al principio de inocencia, ya que se detiene a alguien para confirmar una sospecha y no para determinar si es el probable responsable de haber cometido un delito.

Para el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la detención arbitraria tiene un nivel alto de gravedad porque minimiza o cancela completamente las posibilidades de defensa jurídica del detenido y es un catalizador para otros delitos como la tortura, la desaparición forzada, el abuso de autoridad y lesiones, la privación ilegal de la libertad o la seguridad jurídica.