Luego de seis meses de conflicto entre las juntas auxiliares y el gobierno del estado, las 208 demarcaciones subalternas integrantes de la Coordinación Estatal por la Defensa y la Identidad de los Pueblos (Cedip) y la Secretaría General de Gobierno, acordaron el regreso de los registros civiles a las comunidades; no obstante aseguraron que no cederán en su lucha por derogar la Ley Orgánica Municipal, misma que les arrebató la administración y cobro de este servicio.

Javier Montes Bautista, edil alterno de Chalchihuapan, junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan dio a conocer que aceptaron la propuesta para que el gobierno del estado les regrese el manejo de las oficinas del registro civil que les habían sido retiradas desde que fue aprobada la mencionada reforma el pasado 3 de diciembre del 2013 y que entró en vigor en mayo pasado.

Por el momento no hay una tregua con el gobierno. El que recibamos el registro civil no quiere decir que bajemos la guardia o dejemos de hacer manifestaciones. Vamos a seguir en la lucha. Vamos a velar por las comunidades. Aceptamos esto por la comunidad, por nuestros vecinos”, comentó Montes Bautista.

Según detalló el edil auxiliar, el acuerdo no implica que regresen los jueces de paz y que las juntas administren el registro civil, sino que únicamente será instalado un módulo que dará los servicios. Montes Bautista reveló que áun están indefinidas las tarifas o costos.

Explicó que entregarán una propuesta para que la reinstalación de los registros civiles sea en bloques de 50 comunidades, pero recalcó que continuarán en su lucha para exigir que sea derogada la reforma a la Ley Orgánica Municipal.

Nosotros no vamos a ceder, el aceptar este ofrecimiento de parte del gobierno no quiere decir que nos echemos para atrás. Nuestra intención es que regresen todas las facultades a las juntas auxiliares. La lucha sigue, pero por ahora vamos a aceptar el registro parta bien de nuestras comunidades”, agregó Montes Bautista.

El edil auxiliar indicó que los 208 ediles que acordaron el regreso de los Registros, esperan solamente indicaciones y capacitación del gobierno del estado para que les sea entregado un módulo que expedirá los documentos, aunque reiteró que se mantendrán cautelosos y desconfiados del gobierno morenovallista.

Nosotros ya estamos listos. Nos van a tener que capacitar. Vamos a estar trabajando bajo un acuerdo político, por lo tanto lo que ya conseguimos nos lo pueden quitar. Si dejamos la lucha en cualquier momento nos pueden decir que estamos fuera de la ley y nos lo retirarán. No vamos a dejar que suceda eso. Vamos a seguir en pie. Estamos llegando un acuerdo”.

Montes Bautista recalcó que la Cedip se mantiene como un movimiento apartidista donde tienen cabida ediles de todas las fracciones políticas, por lo que deslindó a cualquier partido político del movimiento.

Somos 200 presidentes de todos los partidos, hay panistas, priistas perredistas, no tenemos banderas. Y lo hemos querido llevar nosotros. No está al frente un partido político. Al final vamos a necesitar de todos”.

Desde que entró en vigor la Ley Orgánica Municipal que arrebata a los ediles auxiliares la administración y cobro del Registro Civil, iniciaron una serie de manifestaciones contra la medida que derivaron en la creación de la Cedip.

El momento más álgido de este conflicto se dio el pasado 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, donde en un violento operativo fueron desalojados los pobladores de esta comunidad cuando bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco.

Durante la refriega resultó herido de muerte el menor José Luis Tehuatlie Tamayo debido al impacto de una bala de goma en su cabeza lanzada por policías estatales.

El gobierno de Rafael Moreno Valle en todo momento negó que el niño fuera herido por granaderos y argumentó que fueron los propios pobladores quienes lastimaron al menor con un cohetón

El hecho llevó a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interviniera con una investigación donde desmintió la versión del gobierno y confirmó que fueron los policías de Moreno Valle quienes mataron al menor al dispararle una proyectil de gas lacrimógeno.

Sin embargo la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados posteriormente confirmó la responsabilidad de Rafael Moreno Valle en el violento operativo de Chalchihuapan y además reveló que el gobierno de Puebla utilizó balas de goma contra los pobladores, por lo que esta prueba será utilizada para la denuncia penal que presentarán las víctimas en contra del mandatario estatal.

La investigación espejo realizada por la Asociación de Asistencia a Víctimas y Grupos Vulnerables, a petición de los diputados federales, contradice los resultados del peritaje de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que rechazó que en el operativo se hayan usado balas de goma y determinó que el niño José Luis Tlehuatle murió por el impacto de un proyectil de gas en la cabeza.