Thursday, 28 de March de 2024
Jueves, 05 Marzo 2015 06:23

Organizaciones forman frente para combatir la verificación vehicular

Las organizaciones dieron a conocer un plan de acciones sociales, políticas y jurídicas, que van desde movilizaciones, paradas de vehículos por lapsos de 10 minutos hasta amparos colectivos

Por : La Jornada de Oriente / Yadira Llaven Anzures

Ocho organizaciones sociales y políticas del estado de Puebla conformaron este miércoles un frente para resistir la embestida del programa de verificación vehicular, al que calificaron como un vulgar negocio del gobierno de derecha que encabeza Rafael Moreno Valle Rosas.

En el frente participan la Asamblea Estatal del Agua (ASA), el Movimiento por la Alternativa Social (MAS), la Barra de Abogados Progresistas y Juristas del estado de Puebla, el Movimiento Autónomo Indígena Zapatista (MAIZ), la Asociación de Discapacitados de Puebla, el Movimiento Nacional por la Esperanza, el Congreso Nacional Ciudadano Capítulo Puebla (Conaci) y la asociación Abogados Democráticos.

Esto ocurre mientras a la par 80 ciudadanos iniciaron el procedimiento legal para ampararse del pago de la multa por incumplimiento de la verificación vehicular.

Las organizaciones dieron a conocer un plan de acciones sociales, políticas y jurídicas, que van desde movilizaciones, paradas de vehículos por lapsos de 10 minutos hasta amparos colectivos.

Dejaron en claro que la finalidad es que se interponga un amparo colectivo contra la multa por el incumplimiento en la verificación vehicular, pues el gobierno no tuvo la capacidad para poder otorgar el servicio a más de 400 mil automóviles.

En rueda de prensa convocaron a la ciudadanía para este domingo 8 de marzo a las 10 horas en el Parque Juárez, frente a Plaza Dorada, a quienes deseen ser asesorados jurídicamente para impedir el pago de la multa.

Anunciaron que la primera actividad será una concentración, y a las 11:30 horas se llevará a cabo la asamblea informativa “para echar abajo el atraco que representa el programa de verificación en Puebla”.

El académico de la UAP Guadalupe Jiménez dijo que el programa de verificación nació con vicios y fallas técnicas en la puesta en marcha de la norma, que deja de manera difusa y tramposa a la Secretaría de Desarrollo Rural Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) la arbitrariedad de la ley”.

El gobierno del estado ha violado sistemáticamente las garantías individuales, bajo la lógica gubernamental de a proveerse de recursos de manera ilegal, lo cual es anticonstitucional”, denunció.

A esa misma postura se sumaron Hilario Gallegos y Jorge Méndez, este último del Movimiento Nacional por la Esperanza, quien argumentó que el conflicto se originó desde que el gobierno despojó a 86 concesionarios de los centros de verificación para entregar estas licencias a un grupo de empresarios.

En ese sentido, Méndez señaló que existe el andamiaje jurídico contra la autoridad por no cumplir en tiempo y forma con el servicio, violentando con ello la ley.

No nos podemos quedar cruzados de brazos, cuando el gobierno busca que seamos los ciudadanos quienes paguemos los errores”, reclamó.

En su intervención, Marco Mazatle Rojas, del MAS, expuso que la verificación vehicular en Puebla se puede considerar un fraude en toda la extensión de la palabra, pues miles de automovilistas fueron obligados a realizar un trámite que, de entrada, no servirá de nada y solo engrosará los bolsillos de empresarios beneficiados con la entrega de 17 verificentros.

Desde que inició el proceso de renovación del sistema de control de emisión de gases contaminantes, señaló que el gobierno impuso una política deliberada de desinformación, que impulsó a propietarios de automotores que invirtieran, en muchos casos, más de 24 horas para la prueba a sus vehículos, pero ésta era solo para cubrir el requisito del año pasado.

Ricardo Jiménez, también del MAS, señaló que sí no hubo verificación vehicular en 2014 eso se debió a la cancelación de 86 concesiones que determinó de manera arbitraria la administración morenovallista, la cual sustituyó con 17 verificentros que no solo resultaron insuficientes, sino que fueron ineficientes en la atención de la demanda.

Manifestó que el caos y la corrupción volvieron a ser el sello de un proceso que resultó un vulgar negocio.

Finalmente, Luis Soriano, del Congreso Nacional Ciudadano, demandó a Mario Rincón González que tiene prohibido renunciar a su cargo sin antes explicar que pasó con el programa de verificación.

No tiene permiso de los ciudadanos para renunciar ahora que busca ser diputado ‘Juanito’; primero le cumple a la ciudadanía y después puede hacer lo que quiera como chapulín que es”, criticó.

Al funcionario morenovallista, quien hoy busca una diputación federal por Puebla, exigió que se quede como servidor público, enfrente las consecuencias y se le finquen responsabilidades.

Al último, las organizaciones reclamaron al titular de la Secretaría de Desarrollo Rural que informe el número real de autos que verificación; qué uso tendrá el recurso que se recaude por el pago de multas por el incumplimiento del servicio, que superan los 650 millones de pesos; dé una explicación clara a la población de cómo va a comprobar fiscalmente el pago de la verificación de 2014, cuando ese año ya terminó, y que se les quiten las concesiones a los empresarios por incapacidad en el otorgamiento del servicio.

La Jornada de Oriente